Al cumplir tres semanas de plantón en el Palacio de Gobierno, los habitantes de San Eduardo, que fueron desalojados violentamente por más de 100 policías estatales y ministeriales por orden de la gobernadora Layda Elena Sansores San Román, advirtieron que ante su cerrazón a iniciar el diálogo y escucharlos, emprenderán movilizaciones de protestas más enérgicas, aún les cueste la vida.
Los quejosos llevan 21 días plantados en el Palacio de Gobierno para exigir justicia ante el abuso y corrupción del Gobierno del Estado, que encabeza Sansores San Román, que los dejó sin hogar al desalojarlos de un predio de 150 hectáreas, donde hace siete años fundaron la comunidad que denominaron San Eduardo, donde habían construido humildes casas.
Las 87 familias cuentan con cartas de asignación expedidas por la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu), como parte del proceso de regularización para contar con sus escrituras.
Llevan siete años posesionados, y apenas en éste aparece Rafael Castilla Azar como presunto dueño, con un documento que obtuvo hace dos años, apenas inició la administración sansorista.
Apuntaron que la gobernadora ordenó a la FGE el violento desalojo, supuestamente porque ese predio ya se lo donaron, y ahí construirá un corralón para la guanajuatense Marcela Muñoz Martínez.
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