Tribuna Campeche

Diario Independiente

Litiga López López en total impunidad

Exigen los trabajadores del Indajucam que intervenga Aníbal Ostoa y castigue la corrupción

Pese a las probanzas de que incurre en violaciones a la ley, el director del Instituto de Acceso a la Justicia del Estado de Campeche (Indajucam), Luis Humberto López López, continúa litigando en los juzgados locales y federales, y percibe sueldos como funcionario estatal y como catedrático en la Facultad de Derecho de la Universidad Autónoma de Campeche.


Luego de varios días de acoso al personal del Indajucam, en que incluso hubo un amago de despido masivo a quienes López López supuso que “filtran información delicada” a los medios de información, ayer se normalizaron las actividades en las oficinas, aunque persiste la amenaza de dar de baja a los “líderes” del movimiento.


Pese a ello, los inconformes reiteraron con un escrito su solicitud al secretario de Gobierno, el chiapaneco Aníbal Ostoa Ortega, para que intervenga y meta en cintura a su subalterno, obligándolo a pedir la renuncia del personal de su despacho particular que utiliza las oficinas del Indajucam como su principal centro de operaciones.


El personal de base del Indajucam le recordó a Ostoa Ortega que López López no sólo ha favorecido a sus amistades con contratos en la defensoría pública, sino que continúa litigando como abogado particular, y no le basta con recibir su salario como servidor público de esa institución, tener ingreso como docente en la Universidad Autónoma de Campeche y ser dueño de una pizzería, la cual provee de ese platillo a las oficinas del organismo, es decir, es uno de los proveedores de alimentos.


Pese a que la Ley de la Defensoría Pública establece que los servidores públicos se encuentran impedidos para llevar asuntos particulares y cobrar por esos servicios, López López se excusa que esa prohibición no le aplica, por ser director.

Documentos que prueban que Luis Humberto López López sigue litigando como abogado particular, pese a su desempeño como director del Indajucam.


Ante esta situación, los abogados de oficio cuestionaron que “¿cómo puede representar a una institución que se ostenta con la gratuidad de sus servicios, y litigar de manera particular? Deja a un lado sus funciones de director para atender esos asuntos, se tiene registro de ello en los expedientes 85/19-20 y 133/20-21, que se llevan ante el Poder Judicial del Estado.


De igual forma, agregaron, ha asignado casos con intereses particulares, como si la defensoría fuera su despacho particular, ya que obliga a defensores y asesores públicos a atender asuntos especiales. Como ejemplo citaron las carpetas judiciales 421/18-19/JC-4, 422/18-19/JC-1 y 500/20-21/JC-2.


Recientemente amenazó a los trabajadores por las publicaciones hechas en los medios de comunicación, y presumió que tiene autorización de la gobernadora para seguir viendo sus asuntos particulares. Que a él no le pueden hacer nada, porque es el abogado de la familia Sansores, y que es el consentido de la gobernadora, por lo que reiteraron su llamado a las autoridades para que exijan la inmediata renuncia de este mal servidor público.

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