Recursos por 24 mil 826 millones 718 mil 921 pesos planean ingresar y ejercer en 2023 el Gobierno de Layda Sansores San Román, según la Ley de Presupuesto de Egresos del Estado a la que dio entrada el Congreso, y en la que se destinan sólo mil 911 millones 845 mil 583 pesos, equivalentes al 7.6 por ciento del total, al rubro de paz y seguridad ciudadana.
Se canalizarán cuatro mil 136 millones 395 mil 217 pesos a gastos del Gobierno, 14 mil 112 millones 769 mil 225 a desarrollo social, es decir programas asistenciales, sólo 814 millones 857 mil 610 a desarrollo económico, pese a la crisis por la pandemia del Covid-19, y cinco mil 762 millones 696 mil 869 a otras’no etiquetadas, rubro conocido como “caja chica”.
Durante la maratónica décima tercera sesión ordinaria, se dispensó la lectura de ambas iniciativas —Ley de Ingresos y Presupuesto de Egresos— en que se eliminan dos de los 59 programas presupuestados este año, entre ellos el de Jubilados y Pensionados del Estado.
Al Poder Legislativo le pretenden asignar 251 millones 680 mil 320 pesos, de los cuales, 48 millones 107 mil 220 serán para la Auditoría Superior (Asemcam), y considera dos millones para gastos operativos no regularizables del Congreso, mientras que al Judicial, 332 millones 386 mil 758 pesos, entre ellos, tres millones no regularizables.
Al Instituto Electoral (IEEC) se le recortarían 98 millones 604 mil 383 pesos (36%), al autorizarle 167 millones 910 mil 347 de los 266 millones 514 mil 730 solicitados por el organismo, de los cuales 63 millones 783 mil 745 serán para operación ordinaria, 25 millones 613 mil 460 para saneamiento financiero; 19 millones 841 mil 338 para el inicio del proceso electoral, y 58 millones 671 mil 804 pesos para el financiamiento de partidos políticos.
La Secretaría de Educación (Seduc) gastaría 595 millones 831 mil 253, mientras que la Oficina de la Gobernadora dispondría de 48 millones 936 mil 329 para gastos de comunicación social; el Indesalud considera 196 millones 114 mil 933 para el Instituto de Salud para el Bienestar (Insabi) como aportación estatal; la Secretaría de Turismo (Sectur), 15 millones para promoción y el Tribunal Electoral Local (TEEC), 19 millones 422 mil 612.
Igualmente, contempla 533 millones 750 mil 761 para “ayudas sociales”, que incluye 748 mil 800 pesos para donativos a instituciones sin fines de lucro. Y deja abierta la posibilidad al Gobierno de contraer deuda pública que no exceda el 15 por ciento de los ingresos de libre disposición del Estado.
El Gobierno Estatal estima ingresos por la misma cantidad a gastar, de los cuales mil 750 millones 471 mil 994 serían por impuestos, 4.96 por ciento más que este 2022; 838 millones 255 mil 186 por ingresos no tributarios, 73.59 por ciento más que este año y 791 millones 391 mil 704 por derechos, entre ellos el canje de placas.
Asimismo, 13 millones 133 mil 348 por aprovechamientos, que considera multas; nueve mil 813 millones 611 mil 800 y 10 mil 625 millones 161 mil 041 por participaciones de los ramos 28 y 33; mil 150 millones 471 mil 624 por convenios; 158 millones 407 mil 831 por incentivos derivados de colaboración fiscal; y 490 millones 339 mil 445 por otros fondos.
La deuda pública contratada a largo plazo ascenderá al inicio del ejercicio fiscal 2023 a dos mil 207 millones 137 mil 579 pesos.
En la sesión se aprobó por unanimidad adicionar una fracción XVII Bis al artículo 56 de la Ley de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes del Estado para que las autoridades educativas impulsen acciones de prevención del suicidio en los centros educativos del nivel básico.
También, fue aprobado reformar y adicionar diversas disposiciones de la Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, del Código Penal, de la Ley de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes y del Código Civil, para contar con leyes más protectoras e incluir la violencia vicaria como una forma de violencia hacía la mujer y sus hijas e hijos.
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