Luego de que la secretaria de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), la guanajuatense Marcela Muñoz Martínez, se pronunció en sus redes sociales a favor del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, una integrante de esa corporación identificada como Aleyca Aleyca la desmintió y denunció que sufre acoso y violencia de género de sus jefes policiacos.
Como acostumbra, Muñoz Martínez eliminó el comentario negativo, por lo que Aleyca Aleyca fue más directa: “Si por alguna razón mi salud se ve alterada o quebrantada, hago responsable a las siguientes personas: Víctor Contreras, subsecretario de Protección a Víctimas; Melissa García Servín, comisaría de Atención a Víctimas; Samanta Mersi Santos Cach, jaguar; y Adrián, escolta de Víctor Contreras”.
Narró que “aun teniendo conocimiento de mi salud por las dos cirugías en la rodilla, se atreven a hacer abuso de poder, y según están para atender a víctimas, cuando yo siendo elemento de la SPSC me hostigan laboralmente. Hace 15 años me dí de alta como policía, no como custodia, y ahora me mandan castigada”.
Se me negó hablar con Marcela Muñoz, con la licenciada Melissa García Servín, con el subsecretario Víctor Contreras, y aun así me obligaron a firmar la hoja de comisión para el Cereso de San Francisco Kobén, bajo amenazas, estando los de Asuntos Internos a mi lado, como presión psicológica.
Por tal motivo —añadió— los hago responsables de lo que me suceda más adelante, porque están abusando de su poder. Lo que quieren es que me dé de baja, y no lo van a lograr. Por eso pido intervenga la Comisión de Derechos Humanos, expuso.
“Gracias a los fuereños que están haciendo abuso de poder, no todo marcha de maravilla en la SPSC, y los elementos se quedan callados, aunque los traten como perros, todo esto que me están haciendo es a raíz de que todas las mujeres valientes se reunieron solicitando el cambio de horario, y se están yendo contra mi nada más”.
Esta es una más de las quejas que se suman a la de los policías estatales en contra de Marcela Muñoz, quien decidió ignorar las denuncias al igual que a la Comisión Derechos Humanos del Estado de Campeche (Codhecam).
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