Campesinos toman Palacio de Gobierno

Hartos de que los ignore la gobernadora Layda Elena Sansores San Román y la complicidad de las autoridades ambientales federales y estatales, por solapar la tala ilegal de madera en el ejido Cinco de Febrero, donde detectaron más de 500 hornos de carbón vegetal clandestino y afectaciones a grandes extensiones de selvas, ejidatarios de esta comunidad tomaron el Palacio de Gobierno para exigir justicia y que frenen la deforestación y el daño patrimonial.

Poco después del mediodía unos 85 ejidatarios llegaron al Palacio de Gobierno en busca de Layda Sansores, para exigirle que cumpla con su promesa de frenar la deforestación en sus tierras, promovida por campesinos de Laguna Grande, al servicio de depredadores ambientales, dedicados a producir carbón.

El secretario de Gobierno, el chiapaneco Aníbal Ostoa Ortega, envió a uno de sus subalternos a tratar de que aceptaran reunirse con funcionarios de segundo nivel, porque la mandataria —como generalmente ocurre— no estaba. La falta de oficio de los funcionarios y la cerrazón de Ostoa enojó a los labriegos, al considerar que sólo se burlan de ellos, y no hay voluntad de resolver los problemas.

Enardecidos, cerraron las puertas del edificio gubernamental para impedir que nadie ingresara o saliera, y como presión para ser atendidos. La situación que se vive en la región es tensa, porque los productores ilegales de carbón nos han agredido, afirmaron, e incluso la última vez estuvo a punto de terminar en tragedia, pues trabajaban en determinar los polígonos del ejido cuando sorprendieron a unas personas talando.

Buscaron apoyo de la Guardia Nacional y capturaron a dos sujetos en motocicleta. Entonces los talamontes, que tienen el apoyo de campesinos del ejido Laguna Grande, agredieron a los integrantes del Comité de Vigilancia del ejido Cinco de Febrero con machetes y secuestraron a un elemento de la Guardia Nacional, al que tomaron como rehén. Cuando llegaron a la Vicefiscalía de Escárcega con los dos retenidos, tuvieron que negociar para liberar a sus compañeros.

Este problema no es nuevo. Hace un año se le informó a la gobernadora del conflicto que se pudiera registrar por la invasión de sus tierras, aprovechadas indebidamente por personas de otros Estados, y hasta el momento no ha emprendido acciones contundentes.

Se le informó a Layda Sansores que es gente foránea, la mayoría de Chiapas, como su secretario de Gobierno. Hace un año nos sentamos en una mesa de diálogo con las autoridades del Gobierno del Estado, y nos prometieron el respaldo para implementar operativos de vigilancia en las 16 mil hectáreas forestales del ejido, expuso Efraín Chan Uc, comisario ejidal de Cinco de Febrero.

HAY COMPLICIDADES

Cinco de Febrero explotó madera, e incluso renunció al programa de servicios ambientales, y cuando pensaban que la selva se estaba recuperando, los atacan depredadores dedicados a la producción de carbón, con la complicidad de las autoridades del Gobierno del Estado, la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) y la Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat).

Acusaron al comisario ejidal de Laguna Grande de estar detrás de la tala ilegal de la selva de Cinco de Febrero, pues ahí tienen un gran centro de acopio de carbón vegetal, y responsabilizaron de lo que pueda ocurrir al Gobierno de Layda Sansores y las instancias federales, por permitir que prevalezcan actividades ilícitas y ser cómplices de delitos federales.

El Gobierno tiene miedo de actuar, por miedo a perder votos. Por eso la complicidad de instancias federales y estatales con los depredadores. Layda Sansores está más preocupada por las próximas elecciones que por el bienestar del Estado, recriminaron.

Los funcionarios de la Secretaría de Gobierno suplicaron a los ejidatarios abrir las puertas del Palacio, ya que trabajaban para que sean atendidos hasta las siete de la noche, pero los campesinos advirtieron que ya no quieren más mentiras. Estamos cansados de que se burlen de nosotros, expresaron, por lo que mantuvieron tomado el Palacio.