Exigen ribereños audiencia con Layda

Al exigir a la gobernadora Layda Sansores San Román que se reúna cuanto antes con integrantes del sector, para conocer los problemas que los aquejan, Santiago Jiménez González, presidente de la Federación de Pescadores Ribereños de Carmen, se quejó de que el retraso estatal de dos a tres años en los permisos para embarcaciones, les impide accesar a programas federales.
“Hace unos días acudí a la Asamblea General de la Confederación Nacional de Pescadores Ribereños de México, donde fui electo como escrutador del Comité Ejecutivo Nacional, y estuvo el comisionado Nacional de Pesca, Octavio Almada Palafox, a quien se le pidió que cuando visite Campeche se reúna con los ribereños”.
“A la gobernadora Layda Sansores le hemos expuesto en reiteradas ocasiones algunas situaciones, pero no conoce los problemas por los que atravesamos y prefiere no escucharnos”, lamentó.
A principios de año —recordó—, le solicitamos a la mandataria estatal una reunión para exponerle los problemas que tenemos con diversos programas federales que quitaron, como los destinados a la compra de artes de pesca y embarcaciones, pero hasta el momento no hay el acercamiento.
“Nosotros queremos que ella como gobernadora encabece nuestras peticiones ante Gobierno Federal, pues es la máxima autoridad del Estado, pero hasta ahora no se ha llevado a cabo esta reunión, la cual es necesaria porque no somos sus enemigos, sino sólo queremos ser escuchados”.
Jiménez González explicó que un problema que enfrentan es el retraso en la expedición de los permisos de pesca, los cuales pasan hasta dos y tres años en las oficinas de las autoridades en Campeche, sin ser enviados como corresponde al Instituto Nacional de Pesca, ubicado en Mazatlán.
“Nos piden pagar dos o tres meses antes de que los permisos venzan para estar en regla al salir a la pesca, por lo cual hacemos el esfuerzo, pagamos y entregamos la documentación en el Instituto Estatal de Pesca y Acuacultura, donde ahora duerme el sueño de justos, lo que es injusto”.
Este es un problema muy grave, porque nos impide acceder a programas federales y realizar nuestras actividades dentro del marco legal, finalizó Jiménez González.