La mano siniestra y corrupta de la gobernadora Layda Elena Sansores San Román está totalmente metida en la elección que se celebrará el primer domingo de junio próximo. No sólo operó para la destitución de la presidenta del Consejo General del Instituto Electoral del Estado, Lirio Guadalupe Suárez Améndola, sino que se alió con partidos paleros, para continuar sus arbitrariedades.
Se trata, como se expresa en la jerga política, de elección planchada. Los consejeros electorales están con la espada de Damocles sobre sus testas, porque saben que si no aprueban los resolutivos que les ordenen desde el cuarto piso, también serán sustituidos, una vez que se dé seguimiento al expediente penal que existe en su contra, por el desvío multimillonario de recursos durante el periodo que presidió ese organismo, la hoy neomorenista Mayra Fabiola Bojórquez González.
Quién quede al frente de la presidencia del Consejo General del IEEC es lo de menos. Su llegada estará siempre manchada por todo el cochinero que armaron los morenistas y los operadores de Layda Sansores para tumbar a Lirio Suárez, quien les resultaba incómoda por intentar un ejercicio independiente y autónomo, y se negó a la sumisión absoluta.
Para Layda Sansores es más importante destruir a un posible ‘enemigo independiente’—y considera como tal a cada campechano con criterio propio—, que combatir la corrupción de una exconsejera como Mayra Fabiola, que saqueó más de 150 millones de pesos del IEEC, solapó las violaciones a los topes de campaña de la hoy mandataria, y una vez que concluyó su encargo tuvo el tino de acercarse a Morena a ofrecer sus servicios y asesorías, a fin de obtener impunidad.
Los campechanos debemos estar preparados ante la inminente elección de Estado, y hasta pudiéramos aventurarnos a vaticinar que Campeche será el laboratorio político de la mal llamada 4T, para consolidar al régimen dictatorial que lleva en sus genes el Partido Morena. Una vez destruidas las instituciones democráticas, la participación ciudadana en los comicios será marginal, sin valor alguno, sólo para simular ante el resto de las naciones que tenemos autoridades electas por el pueblo. Como ocurre en Cuba, Rusia, Nicaragua y Venezuela, por ejemplo.
Sin organismos autónomos que puedan garantizarnos elecciones imparciales, estaremos expuestos a las decisiones unilaterales de quienes gobiernan al país. Ellos decidirán quiénes ganan y quiénes pierden, y hasta se darán el lujo de no dejar participar en la contienda a quienes consideren que pueden generar simpatías populares y ganar en las urnas de manera abrumadora.
Por eso desde las fiscalías estatales —General y Anticorrupción— se han integrado expedientes en contra de los más conspicuos personajes de la oposición campechana, para mandarlos a prisión, despojarlos de sus derechos políticos, e impedir que puedan registrarse como candidatos. Eliseo Fernández, Paul Arce Ontiveros y Bibi Karen Rabelo de la Torre son algunos de ellos, pero puede ser cualquier otro candidato emergente que pueda concitar el respaldo ciudadano y eventualmente convertirse en candidato ganador.
Sabe Layda Sansores que la elección de junio próximo va ser una especie de plebiscito, en que el ciudadano evaluará el catastrófico desempeño de su Administración, y que las encuestas pronostican que saldrá reprobada por más del 80 por ciento de los campechanos. Si en los comicios de 2021 el 66 por ciento de los votantes sufragó en su contra, esa cifra se ha incrementado notablemente por los elevados niveles de corrupción que caracterizan a su Gobierno. Por eso le urgen autoridades electorales a modo, partidos paleros y candidatos débiles.
El pueblo campechano sabe del poder demoledor de su sufragio, y debe tener siempre presente que aún está a tiempo de acabar con cualquier intento de instaurar en nuestro país un régimen dictatorial.
Seguiremos con el tema.
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