EXPEDIENTE | LAYDA Y MARCELA, EN DESACATO

La decisión de la Comisión de Honor y Justicia de la Secretaría de Protección y Seguridad Ciudadana, de dar de baja de manera definitiva a siete elementos, precisamente a los que se han estado presentando como los “voceros” de los sublevados, y quienes han argumentado y fundamentado las razones de la protesta, es, además de un acto de prepotencia, autoritarismo, soberbia y de represión de parte de la gobernadora Layda Sansores y de su amada Marcela, también es en realidad una torpeza monumental que puede costarle el puesto a ambas.

Layda Elena y su querida Marcela pasaron por alto el amparo que los juzgados de Distrito de Campeche concedieron a 943 policías que se mantienen en protesta desde el pasado 16 de marzo, y quienes, según la sentencia de los juzgadores, “ya no podrán ser amenazados con despidos ni se les podrán retener sus salarios”.

El juzgador federal les concedió la suspensión definitiva a efecto de que cesen de inmediato los malos tratos, tortura y amenazas de denuncia penal y despido laboral, en tanto se dicte la sentencia que resuelva el fondo del asunto.

El resolutivo advierte además que se impondrá penas de tres a seis años de cárcel, multas de 50 a 500 días, así como la destitución e inhabilitación de tres a nueve años para desempeñar cargos públicos al servidor público que viole dicho amparo.

Es exactamente este punto, el que debieron haber analizado Marcela y su querida Gobernadora antes de validar el resolutivo de la Comisión de Honor y Justicia que “decidió” dar de baja de manera definitiva a José Alejandro Grajales Chab, Andoreni Clayderman Rivera Casanova, Rodolfo Benjamín Uc Ku, María Candelaria Castillo Pérez, Emmanuel Aguirre Cab, Ángel Atilano Estrada Maldonado y Martín Adán Naal Uicab, “por lo cual ya no pueden emitir órdenes al personal que estaba bajo su cargo”.

Ante las chapucerías con que la gobernadora Sansores ha defendido a su querida Marcela —por ejemplo, la eximió de responsabilidad por el operativo fallido en el penal de San Francisco Kobén— no dudamos que ahora, ante este cese injustificado a siete elementos, también pretendan argumentar que Marcela no tuvo nada que ver, ya que fue una comisión supuestamente independiente la que tomó esa determinación. Sin embargo, habrá que recordar que en múltiples ocasiones, la guanajuatense ha presumido en sus redes sociales la “limpia” que realiza en la corporación para dar de baja a malos elementos. Baja, que tenemos que recalcar, se determina desde la citada comisión.

En este caso, es evidente que no se habría tomado la decisión de dar de baja a los siete líderes del movimiento de protesta, entre ellos una mujer, sin el consentimiento, autorización e incluso la instrucción de Marcela Muñoz y de su querida Gobernadora. Luego entonces, ambas autoridades están sujetas a la sanción ordenada a priori por el juez: “penas de tres a seis años de cárcel, multas de 50 a 500 días, así como la destitución e inhabilitación de tres a nueve años para desempeñar cargos públicos al servidor público que viole dicho amparo”.

Durante varios meses, los diputados habían estado buscando argumentos legales para fundamentar la destitución e inhabilitación de Marcela Muñoz, por eso resulta ser una buena noticia el que haya sido ella misma quien les dio la llave para lograr su cese e inhabilitación por un lapso de seis a nueve años, suficientes para que los campechanos nos libremos de su presencia, de sus abusos, de sus prepotencias y de su ineficiencia para siempre, ya que en tres años acaba el periodo de su querida Gobernadora, y va ser prácticamente imposible que su partido pueda volver a ganar una elección a la Gubernatura de Campeche.

Así las cosas, solo queda iniciar el procedimiento legal para que el Juzgado de Distrito ordene el cese de Marcela Muñoz. Es mucho pedir que también se vaya la Gobernadora, pero hay que admitir que ese es el deseo y anhelo de miles y miles de campechanos que todos los días la repudian en la calle, en las marchas y en las redes sociales, y quienes cada vez se convencen más de que la señora Sansores no está bien de sus facultades mentales. 

Sin embargo no hay que perder de vista que el hilo se revienta por lo más delgado y es Marcela la que lleva todas las de perder ante el desacato o reto a la autoridad judicial, en que ambas incurrieron.

Los campechanos ya tenemos argumentos jurídicos y legales para salir a las calles otra vez y pedir la destitución e inhabilitación  de Marcela Muñoz Martínez y de Layda Sansores San Román. Las dos amigas íntimas han repetido reiteradamente en sus discursos que vivimos en un Estado de Derecho y que la ley es pareja para todos, así que ya es hora de pasar de la palabra a los hechos, de la teoría a la práctica, de la idea a la realidad, por lo que tenemos que exigir con firmeza que se impongan las sanciones que los juzgadores federales advirtieron anticipadamente.