Ciudad del Carmen .- “No se trata de una reforma, es una orden de despido masivo, un acto de venganza y represalia contra jueces y magistrados federales”, opinó Jorge Arturo Acosta Argüelles, juez de Distrito adscrito al Tribunal Laboral de Federal de Asuntos Individuales del Poder Judicial de la Federación (PJF) en Ciudad del Carmen, ante el dictamen.
Tras una semana en paro total indefinido, Acosta Argüelles resumió que jueces y magistrados han frenado actos violatorios de derechos humanos del Gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador, de ahí la venganza con despido masivo y sometimiento del Poder Judicial de la Federación, es decir, no quiere ningún contrapeso.
El presupuesto destinado es el problema real de este organismo, y no los actos de corrupción de los que el Gobierno Federal de López Obrador ha acusado, pero no denunciado, desde hace seis años con un discurso falaz y mentiroso, agregó.
Los presupuestos son raquíticos y por eso pocos tribunales y sólo siete mil jueces y magistrados nacionales y locales, donde hay abandono, que no pueden atender la carga de trabajo en el país, donde hay 130 millones de habitantes, y aún así al año hay alrededor de un millón de sentencias.
Los poderes judiciales estatales generalmente están tomados y apropiados, todos los sabemos, por los gobernadores, además de tener poco personal y mal pagado.
La pretendida reforma no toca el trabajo de las policías y fiscalías, tanto locales como federales, que no son el Poder Judicial, y muchos de los problemas que tiene la gente es parte de esto.
Más historias
FALTA DE VOLTAJE ELÉCTRICO AFECTA EL FUNCIONAMIENTO DE LA PLANTA DESALINIZADORA DE ATASTA
DISCAPACITADO DE LA TERCERA EDAD DENUNCIA ABUSO DE AUTORIDAD DE JUEZA INTERINA DEL JUZGADO PRIMERO FAMILIAR
PABLO NO HA HECHO NADA POR EL DRENAJE DEL AFA, ACUSAN