Con el voto mayoritario de diputados de Morena y sus aliados, el Congreso del Estado proyecta aprobar hoy la Ley de Amnistía, que pretende abrir las rejas de la cárcel a quienes hayan cometido delitos de homicidio y robo, denunció el coordinador parlamentario del PRI, diputado Ricardo Miguel Medina Farfán, al solicitar a las comisiones legislativas no dictaminar esta iniciativa y abrirla al debate público.
Medina Farfán propuso hacer una valoración real y objetiva de la propuesta, aunque seguramente Morena mayoriteará en comisiones con sus aliados del PAN y tres diputados de Movimiento Ciudadano, pero ante el Pleno el PRI no avalará esa ley y votará en contra, porque no seremos parte de un tema que afectará a todos los campechanos.
Por la mala redacción de esta ley, alertó, se podría interpretar en que incluso, sentenciados por homicidio y lesiones, que al mismo tiempo estuvieran acusadas de robo, rebelión, sabotaje y uso indebido de los servicios de emergencia, pudieran quedar en libertad.
Morena con esta ley pretende excluir de toda responsabilidad penal a personas relacionadas con delitos de robo que tuvieran una pena de hasta cinco años de prisión o que haya sustraído un botín equivalente a 110 mil pesos.
“No entendemos porqué Morena plantea esta propuesta en un momento donde las cifras del Inegi y del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SNSP) y la propia ciudadanía dan cuenta de un alza en la delincuencia en el Estado, y se le ocurre abrir la reja a delincuentes, lo que pondría en riesgo a la ciudadanía. Pareciera que Morena está coludida con la delincuencia”, subrayó.
La legisladora priísta Laura Baqueiro Ramos aseguró que nuevamente Morena presenta una ley que afecta de manera importante a los campechanos, sin ningún argumento, justificación, análisis o estudio que de manera sólida y convincente permita entender porque esta ley debe ser aprobada.
En Campeche vivimos el aumento en la delincuencia, y aún así Morena pretende aprobar una ley que promueve la impunidad. Queda claro que a los morenistas no le gusta la seguridad. Esta pretendida ley estatal es mala copia de otra federal, y muchas mujeres serían víctimas de ataques, sostuvo.
Su compañero de bancada, Ramón Cuauhtémoc Santini Cobos, aseguró que están en contra de esta pretendida ley, porque puede poner en riesgo a las familias. No nos oponemos a evitar injusticias, pero que de ninguna manera represente que se abra la reja a todos lo que cometieron estos delitos. Si la idea es evitar que se castigue injustamente, se debe fortalecer la Defensaría de Oficio, Derechos Humanos y el Tribunal Superior de Justicia del Estado (TSJE).
La Ley de Amnistía va a permitir que toda persona que cometió delitos de robo con pena de hasta cinco años, así como quienes cometieron rebelión, sabotaje y uso indebido de servicios de emergencia, podrán quedar en total libertad y nunca más podrán ser procesados por esos hechos, añadió.
En una grave contradicción, el artículo 3 de esa ley abre la puerta para que quienes están acusados de cometer delitos contra la vida y la integridad corporal sean beneficiarios de la amnistía, si también están acusados de robo, rebelión, sabotaje o uso indebido de servicios de emergencia.
En su exposición de motivos no hay ningún dato que refiera cuánta gente podría quedar libre al amparo de esta ley. Tampoco señala mayores argumentos para justificarla mas que en el ámbito federal se aprobó una iniciativa semejante para delitos federales. El riesgo de esto es dejar en libertad a sujetos que nuevamente cometerán delitos en contra de la sociedad, advirtió.
No reciben a los
ingenieros civiles
Por otro lado, ayer se dio a conocer que el Colegio de Ingenieros Civiles de Campeche envió un oficio al Congreso del Estado para que sean recibidos por la Comisión de Desarrollo Urbano y Obras Públicas, para ser escuchados y que puedan opinar acerca de las reformas que se impulsan a la Ley de Obras Públicas.
En oficio que envió al Congreso el presidente del Colegio de Ingenieros Civiles, David Natanael Álvarez Góngora, señala que la reforma en cuestión genera cambios que afectan la actuación de los profesionales de la construcción, por lo que resulta fundamental antes de que sea dictaminada la propuesta, que puedan ser escuchados los ingenieros civiles.
Aunque el oficio fue entregado al Congreso el 23 de marzo, hasta el momento no les han dado respuesta.
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