Delitos de odio

Contra Layda Sansores y su querida Marcela se puede proceder por los delitos de odio y por violencia política y económica en razón de género.

La agente de la Policía Estatal Preventiva, adscrita a la corporación “Mujeres Valientes”, María Candelaria Castillo Pérez, es una de las siete personas que fueron cesadas de la Secretaría de Protección y Seguridad Ciudadana, como parte de la represión psicológica y salarial ordenada por la arbitraria, prepotente y corrupta gobernadora Layda Elena Sansores San Román, para tratar de resolver el conflicto con los policías.

María Candelaria, a quien sus compañeras identifican como “Mary”, es la única mujer que ha sido dada de baja hasta el momento, derivado de la protesta que realiza junto con sus compañeros desde el pasado 16 de marzo. A ella, la demente gobernadora no la había acusado de ser corrupta o de haberse negado a utilizar las body cam, por lo que se deduce que su despido se debe solamente por apoyar el movimiento de los uniformados.

Ella representa en estos momentos un ejemplo vivo más de la falta de sororidad de la gobernadora Sansores para con las mujeres campechanas. Ya había dado otras muestras de su misoginia o de haber incurrido en violencia política en razón de género, por ejemplo contra la exalcaldesa Biby Rabelo de la Torre, contra la expresidenta de la Junta Municipal de Carrillo Puerto, Griselda Puc Valverde, contra las diputadas federales del PRI, contra la periodista Fátima Monterroso y contra otras personalidades del sexo femenino que no piensan igual que la mandataria campechana.

Vaya, hasta la Sala Regional del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, ha dictaminado que Sansores San Román debe ser inscrita en el padrón nacional de personas violentadoras políticas de género, de suerte que cuando afirmamos que es misógina, es porque tenemos los suficientes elementos para sostenerlo.

En este caso especial del despido de la agenta María Candelaria Castillo, “Mary”, la cosa incluso recae en el delito de odio, pues ella denunció de viva voz que recibió una llamada de la subsecretaria de Derechos Humanos de la Secretaría de Gobierno, en que se le pidió que dialogue con Armando Toledo Jamit, como requisito para que le entregaran el cheque con su sueldo. Ella se negó rotundamente y denunció que por esas presiones, su hija, que estaba embarazada, perdió a su bebé.

Hay muchos elementos para que “Mary” proceda contra la nefasta, misógina y nada sorora gobernadora Sansores y su querida Marcela, por los delitos de odio, y por violencia política y económica en razón de género. Todo el sufrimiento por el que esta ejemplar agente de la PEP está pasando, no debe quedar impune. Alguien tiene que ser sancionada. Pero para que eso suceda se tiene que denunciar ante las instancias adecuadas.