La falta de derecho: principal problema del país

Sixto Duarte

Cuando los mexicanos nos preguntamos cuál es el principal problema del país, obtendremos varias respuestas, dependiendo a quiénes se les pregunte. Algunos dirán que es la corrupción, otros dirán que es la inseguridad, otros dirán que es la pobreza. En lo personal, yo tengo otra opinión distinta. Creo que el principal problema del país es la falta de Estado de Derecho.

Cuando la ley no se cumple, se incurre en corrupción por parte de gobernantes y gobernados. Para que un gobernante se corrompa, se requiere un gobernado que esté dispuesto a corromperlo. Esto deriva en otro problema que tenemos en México, que es precisamente la falta de educación y de civismo.

Por otro lado, la inseguridad deriva precisamente de la corrupción, y a su vez de la falta de educación y oportunidades económicas. En la medida que existan elementos de las autoridades civiles o militares que estén dispuestos a corromperse, dejarán de hacer lo que protestaron hacer, que era precisamente dotar de seguridad a la sociedad. Por ello, cuando las bandas criminales corrompen autoridades, éstas últimas dejan de hacer lo que tienen que hacer y terminamos en un problema de inseguridad.

La pobreza a su vez es el reflejo de la falta de oportunidades para ir a la escuela y obtener un empleo. La calidad educativa en México va en declive desde principios de los 90s. Hay estudios que avalan esta situación. Esto deriva en que los estudiantes cada vez estén menos preparados para enfrentar los retos de un país competitivo, como lo es México.

Sin embargo, para no desviarnos del tema, nos limitaremos a hablar de forma general de la falta de Estado de Derecho en México. Lo que los norteamericanos llaman el “rule of law” (imperio de la ley) se traduciría en términos nuestros como Estado de Derecho.

Los gobernantes al asumir sus respectivos cargos prometen cumplir y hacer cumplir la ley. Sin embargo en ocasiones son los primeros que tratan de eludirla. En meses pasados, el Ejecutivo publicó un decreto que declaraba como un tema de seguridad nacional prácticamente todas las obras que desarrollara. Esto con el fin de que no se tuvieran que transparentar los gastos incurridos en ellas.

Ante una controversia constitucional presentada por el Instituto Nacional de Transparencia y Acceso a la Información, la Suprema Corte de Justicia determinó (por ocho votos) que dicho decreto violaba la Constitución al permitir que el Gobierno fuera opaco en el ejercicio del erario.

¿Cuál fue la respuesta del Ejecutivo? Publicar nuevamente otro decreto idéntico ese mismo día que el acuerdo referido fue declarado inconstitucional. Ahora, se tendrá que recorrer un camino similar para invalidarlo, a menos que la Corte estime que existe una repetición de acto reclamado (o el equivalente en términos de la Controversia Constitucional).

Lo que se evidencia es que el propio López Obrador siente repulsión hacia la división de poderes y hacia la rendición de cuentas. Cuando fue jefe de Gobierno, también reservó la información relativa a la construcción del segundo piso del Periférico en la Ciudad de México. ¿Qué tanto oculta?

En este sentido, me parece grave que sea el propio Presidente quien trate de burlar la ley de esa manera. El referido decreto hacía las veces de reforma constitucional, desde la óptica obradorista, pues iba más allá de lo establecido en la propia Constitución, por lo mismo fue declarado inválido por la Corte. Ya López Obrador había tratado de eludir una situación similar en el tema de la reforma educativa.

Emitió un memorándum con el cual pretendía dejar de aplicar la reforma constitucional de la materia aprobada en el Gobierno de Enrique Peña Nieto. El Presidente sabe que su actuar es inconstitucional. Parece no entender que en México hay una división de poderes y que no es un monarca, sino el Presidente de una República.

Derivado de las constantes pugnas del Presidente con la Judicatura, López Obrador echó a andar su maquinaria de propaganda y público pagado para señalar que un excolaborador de Genaro García Luna trabaja con Norma Piña, la presidenta de la Suprema Corte. Las hordas chairas se le fueron a la yugular a Piña en las redes sociales.

Sin embargo, olvida que él mismo ordenó la liberación de Ovidio Guzmán, fue a saludar a la madre de “El Chapo” Guzmán, y que en su Gobierno (o en gobiernos emanados de su partido) trabajan distintas personas que también estuvieron bajo el mando de García Luna, como es el caso de Omar García Harfuch.

Otro de los temas que me parecen graves respecto a la actitud de López Obrador es precisamente que ha instruido a sus secretarios a no tomarle las llamadas a los ministros de la Suprema Corte. Como niño enojado, agarró su pelota y se fue del partido.

En términos de lo establecido en el artículo 89, fracción XII de la Constitución, el Ejecutivo debe colaborar con la actuación del Poder Judicial. Resulta tan grave esta afrenta y esta erosión al Estado de Derecho en México, que nos hace ver como una república bananera.

López Obrador ganó la elección para encabezar el Poder Ejecutivo, no los tres poderes que establece la Constitución. El Congreso le establece el marco jurídico, el Ejecutivo debe aplicarlo y en caso de controversias, el Poder Judicial debe dirimirlas. Es así de sencillo.

Sin embargo, López Obrador ha dicho en varias ocasiones que a él no le digan “que la ley es la ley”. Es decir, quien por décadas desestimó las instituciones (y que incluso las mandó al diablo) hoy las encabeza y desde ahí sigue mandándolas al diablo. Es digno de una persona que no razona creer a la fecha que López Obrador actúa como estadista; en todo caso actúa como un capataz de rancho.

Esta cuestión ha trascendido a niveles locales. La gobernadora del Estado de Campeche, Layda Sansores (quien forma parte del mismo partido que el Presidente) igualmente no acata las resoluciones judiciales. Sansores intervino el teléfono de Alejandro Moreno Cárdenas, presidente nacional del PRI. Extrajo del mismo conversaciones y mensajes, los editó, manipuló, y posteriormente publicó. Todo esto es un delito en términos del propio Código Penal Federal.

Ante esto, Moreno Cárdenas promovió un amparo para que la gobernadora no estuviera difundiendo ese contenido tergiversado. Sin embargo, Sansores se niega a acatar la sentencia de amparo dictada. Ha trascendido que en varias ocasiones ha sido declarada la violación a la suspensión dictada en el referido juicio de amparo, y Sansores insiste en que ella no acatará una resolución judicial que ella considera injusta.
Estos dos son ejemplos de gobernantes que juraron cumplir y hacer cumplir la ley, y son los primeros en pisotearla. Si los gobernantes son los primeros en violar la ley, ¿qué podemos esperar de bandas del crimen organizado que a eso se dedican?

Es escandaloso ver como en diversas zonas del país (Michoacán, Tamaulipas, y aquí mismo en Chihuahua) las bandas criminales mantienen un control hegemónico de regiones enteras. Son estas bandas criminales las que ‘gobiernan’ estas zonas. ¿No es esto escandaloso? Nuevamente, la inseguridad en esas zonas deriva de la falta de Estado de Derecho.

El problema migratorio que actualmente se enfrenta en la frontera es precisamente porque en la frontera sur, el Instituto Nacional de Migración es incapaz de contener las oleadas de migrantes que intentan llegar a la frontera norte para cruzar a Estados Unidos. Otra autoridad que no hace lo que debe hacer.

Creo que se debe convocar a una reflexión colectiva. López Obrador es el enemigo principal del régimen democrático. Cuando algún contrapeso se interpone en sus pretensiones, descalifica, señala que ganan mucho (como en el caso de los consejeros del INE), que son conservadores (en el caso de la oposición en el Congreso), que trabajaron con García Luna (como en el caso del asesor de Norma Piña), pero nunca atiende el problema de fondo.

Es más que evidente que el tiempo les ha dado la razón a muchos: López Obrador es un peligro para México. (Tomado de El Diario de Chihuahua).