El consejero jurídico del Gobierno del Estado, Juan Pedro Alcudia, negó que con la baja a siete policías hayan violentado un amparo, y advirtió que los elementos que portan uniforme oficial y ya no pertenecen a la Secretaría de Seguridad Pública, como los siete que acudieron a la Ciudad de México, incurren en delitos que ameritan hasta cuatro años de cárcel.
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