Expediente: 30 de julio de 2023

SALDOS NEGATIVOS, CERCA DEL INFORME

El 7 de agosto pasado, la gobernadora de Campeche prefirió irse de vacaciones a Argentina con toda su familia, que encabezar la ceremonia de entrega del Primer Informe de Gobierno al Congreso del Estado, y dirigir un mensaje a los campechanos, en que diera cuenta de la marcha de la Administración Pública. Una semana después, encabezó un ridículo show circense, musical y folclórico, en que cantó, danzó y obligó a bailar y gritar a los funcionarios de su gabinete.

Pero sin aportar el aderezo principal, que es la información de los actos de Gobierno.
Para entonces, muchos de sus apologistas coincidieron en la consigna de que le faltaba tiempo para que empezara a hacer las cosas, que aún se encontraba en la curva de aprendizaje, que los miembros de su gabinete estaban en proceso de elaboración del diagnóstico en que se encontraba el Estado, y que poco se podía hacer con los recursos que le dejaron sus antecesores.

De ese tamaño la justificación de su incapacidad y la mentira relativa al dinero, pues existe un presupuesto anual, en que se consignan ingresos y egresos. Si sus antecesores metieron mano, ¿por qué no los ha denunciado?

Un año después, es también probable que Layda Elena se vaya de vacaciones a alguna parte del mundo, junto con toda su familia, con cargo al presupuesto público estatal, como acostumbra, y que evada su responsabilidad constitucional de rendir al Poder Legislativo cuentas del estado que guarda la Administración Pública Estatal.

Por lo pronto, ya anticipó el pasado lunes que el mensaje lo adelantará para el martes primero de agosto en el Centro de Convenciones Campeche XXI. Será un convivio informal —¿con ropa regional, cantos, bailes y gritos, como el año pasado?— y al negarse a profundizar sobre el tema, comunicó que va a ser sorpresa. Sorprendidos están los campechanos de la indolencia, la falsedad, el engaño, el atraco, la falta de transparencia, etcétera. Y ella, a lo mejor por su edad, no se percata. O no lo parece.

Es entendible en Layda Elena esa costumbre de evadir sus responsabilidades, por una razón muy sencilla y simple: este año tampoco tiene nada qué informar. Las cuentas no le cuadran, porque ha gastado casi 50 mil millones de pesos en su Administración y los campechanos no vemos una sola obra pública que valga la pena presumir a propios y extraños.

Fuera de repintar de color guinda edificios públicos y parques, ¿qué ha hecho que valga la pena para salir a alardear, ostentar o vanagloriarse? Nada. Sólo se ha dedicado prácticamente dos años a pasear y pelear contra molinos de viento, siguiendo las directrices de su gurú.
Y así, Campeche está en el rezago en todos los órdenes. Es el Estado con peor crecimiento económico, donde ninguna empresa nueva se ha instalado, con el mayor incremento en los niveles de pobreza —según cifras del Coneval—, donde ha crecido el desempleo.

Y no hablemos de la inseguridad, que con robos y ejecuciones, son de los rubros que más han aumentado, junto con la presencia de los cárteles de la droga, narcomenudeo, extorsiones y cobro de derecho de piso en algunos sectores, etcétera. El Estado enfrenta severos retrocesos gracias a Layda Sansores.

PLAGADO DE CONFLICTOS SIN SOLUCIÓN

Pero Campeche también está plagado de conflictos sin resolver. Vamos a los ejemplos. Campesinos del Camino Real y Los Chenes permanecen sin fertilizantes, semillas, ni insumos agrícolas, y sumamente enojados, porque les dieron gato por liebre. Les prometieron y no les cumplieron con entregarles insumos gratis, y el malestar, la censura, la denuncia y el agravio pueden transformarse en piedras. Cuidado.

Los apicultores de los Municipios de Hopelchén y Campeche esperan la declaratoria de emergencia ambiental, para recibir ayuda federal por las pérdidas superiores a 12 millones de pesos por los siniestros en sus apiarios a causa del excesivo uso de pesticidas.

Los ganaderos quedaron sin ayuda para reponer pérdidas por la sequía, la imparable ola delictiva que los mantiene amenazados y el incremento del abigeato. Los pescadores de nuevo carecieron de apoyos para superar vedas por camarón y pulpo.

A los horticultores no les llegó ningún peso de apoyo por el siniestro de sus cosechas por el estiaje, los artesanos siguen esperando el respaldo gubernamental para colocar sus productos en el extranjero, y si no fuera por sus logros individuales, que los ha hecho acreedores a premios nacionales e internacionales, nadie hablaría de ellos.

Los jubilados de la Unacar llevan más de un año sin cobrar un peso, y nadie los escucha y menos resuelve sus peticiones. Los colonos desalojados de Lerma y San Eduardo carecen aún de un techo para dormir, y la Comisión para el Desarrollo del Suelo y Vivienda (Codesvi) está convertida en elefante blanco.

La Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción admite que desde hace dos años no se construye una sola vivienda de interés social. ¿Y el presupuesto para ese rubro? ¿Y las gestiones de la gobernadora? Por ningún lado se ven. Peor aún, no hay obra pública.

No es casual que Layda Sansores sea la gobernadora peor evaluada del país, de acuerdo con encuestas de reconocidas empresas. Desde hace meses está en el fondo del tobogán, en la posición 29, a tres pasos del final de la tabla.

Es la mandataria más impopular —califican los campechanos—, y si bien puede ser cierto que en sus prolongados y frecuentes viajes la gente la reconoce por su programa de los martes, habrá que precisar que los calificativos son vergonzosos en su mayoría. Es lo único a lo que se ha dedicado. Por eso la reprueban en todas las encuestas.

Si hiciéramos una sumatoria de sus viajes, afirmaríamos sin temor a equivocarnos que Layda Elena ha estado más días fuera de la entidad, que aquí, encargándose de encabezar un buen gobierno. Este vacío de poder ha sido aprovechado por su sobrino Gerardo Sánchez Sansores para usurpar la toma de decisiones que le compete a los secretarios del gabinete. Él decide qué se hace y cómo, y a quien no se cuadra a sus designios, lo acusa con su tía como niño-sapo. Estamos pues, ante un Gobierno de caricatura.

Sus promesas de combate a la corrupción fueron de dientes para afuera. Hay hechos graves de corrupción entre su equipo, que solapa y encubre, desde Eutimio Sosa en Cultura, Bety Sélem en el Centro de Atención a la Mujer, Ricardo Sánchez Cerino en el Instituto para la Educación de los Adultos, Luis Humberto López en el Indajucam, Xóchitl Pitzahuátl Mejía Ortiz en Bienestar, Alejandro Gómez Cazarín en el Congreso, Karla Gelisle Sánchez en Obras Públicas, Marcela Muñoz Martínez en Seguridad, etcétera.

La opacidad es otra de sus hazañas. La Comisión Estatal de Transparencia está convertida en lavandería para maquillar irregularidades, y sus más frecuentes resolutivos son para proteger a dependencias estatales, e impedir que le cumplan a los solicitantes de información.

En suma, el de Layda Sansores es un Gobierno que está de cabeza. De nulos resultados, mucha corrupción, absoluta opacidad y gran latrocinio. Por eso, qué informará al Congreso este 7 de agosto, y qué al pueblo este martes 1. Podemos anticipar que repetirá el jolgorio, el mitoteo, el baile y la chusma, similar al año pasado.

El tiempo corre, y a falta de resultados, larga lista de excusas, pretextos y justificaciones son utilizadas para rellenar espacios en blanco. Nada se ha hecho en estos primeros dos años del peor Gobierno en la historia de Campeche. No habrá que informar, por lo que practican nuevos pasos de baile para amenizar otro ridículo mensaje. Es inútil. No hubo ningún cambio positivo. Vamos en reversa.

PEMEX FRENTE A SU COLAPSO

Una promesa más que incumplirá el presidente Andrés Manuel López Obrador, es la de obtener en su sexenio el saneamiento de Petróleos Mexicanos (Pemex). Las perspectivas presentan un panorama complicado, oscuro e inviable.

Muy difícil de superar, hay que admitirlo. Los datos son duros e irrebatibles.
Es la petrolera más endeudada del mundo, y su quiebra produciría turbulentas olas en la economía y las finanzas del país. La tormenta que nos amenaza sacudirá fuerte y parece inevitable. El lunes 17 de julio los periódicos capitalinos El Financiero y El Economista, especializados en economía y finanzas, no dejaron espacio para el optimismo o la esperanza.

Analistas consideran que la empresa es un lastre para las finanzas públicas, y su degradación implicará riesgos para la nota soberana de México. Fitch Ratings recortó hace unos días la calificación de la deuda de Pemex de BB- a B+ con observación negativa, el más bajo nivel desde el año 2000, en que empezaron los registros.

Diego Díaz, investigador del Instituto Mexicano para la Competitividad (IMCO), sostiene que “se le han invertido a Pemex 980 mil millones de pesos desde 2019, y al final de cuentas no se ha reflejado en mejorar su situación”.

El Financiero advierte que se hunde la petrolera en grado especulativo. En lo que va de la administración del ingeniero agrónomo (“con doctorado en manejo de empresas petroleras”), Octavio Romero Oropeza, se han registrado más de una docena de accidentes o negligencias. Los accidentes han matado a 178 trabajadores y lesionado a más de 150. Las prestaciones a los deudos aún no terminan y generalmente se las escamotean o niegan.

Además no cumple aspectos ambientales y de gobernanza. Por eso Fitch degradó a Pemex a nivel altamente especulativo. El Economista asegura que “percances y bajo desempeño alejan de recuperar el grado de inversión”.
México Evalúa asegura que Pemex ha recibido transferencias por 772 mil millones de pesos, y al final del sexenio será más chica y con más deuda. Desde 2020 su nota crediticia se degradó, y le dificulta acceso al financiamiento.

Pero no queda ahí. La deuda a acreedores al 31 de marzo de 2023 es de 345 mil 897 millones de pesos mexicanos, y en otras monedas por mil 598 billones 358 millones de pesos.

Los recursos del sexenio lopezobradorista no han reducido sus compromisos financieros en el mercado internacional. El saneamiento no se cumplió, y la empresa marcha a pasos agigantados a su inviabilidad y a la toma de medidas de emergencia. ¿Algo tiene que ver el director general con el desastre que se avecina? ¿Funciona la probanza de que es mejor la lealtad que el conocimiento?

Precisamente el lunes 23, Moody’s ratificó la calificación de Pemex en B1, y ratificó de estable a negativa su perspectiva, que implicaría que en los próximos 12 meses podría darse una rebaja en la nota. El problema es de administración. Padece problemas internos en lo laboral, ambiental y social. Y no se contempla ningún cambio de estrategia.

La certeza, en lo que se refiere a Campeche, y concretamente a Ciudad del Carmen, es que accidentes e incidentes en las plataformas petroleras, se deben al escaso o nulo mantenimiento de estructuras. Y nadie paga culpas, porque no atienden denuncias.

A Ciudad del Carmen no lo beneficiaron los efectos positivos del boom petrolero, que data desde el Gobierno de Rafael Rodríguez Barrera, hace medio siglo, cuando se sacrificó una actividad regeneradora, como la pesca, por otra que no lo es. Los resultados son el desastre.
Tampoco cumplió Andrés Manuel López Obrador su promesa de que las oficinas de la paraestatal fueran trasladadas a Ciudad del Carmen, con la complicidad de la gobernadora Layda Sansores, que argumentó que no tiene la infraestructura necesaria. En menuda incertidumbre se encuentran sus habitantes, que veían una última oportunidad de mejorar con la mudanza de la paraestatal a la Isla.

¿Qué argumento tendrá ahora el presidente López Obrador sobre el desastre en Pemex? En julio de 2018 prometió elevar la producción diaria de barriles de petróleo de 1.9 a 2.5 millones. Cinco años después, con trabajo llega a 1.6 millones. Una promesa más incumplida.
También enfrentará Pemex erogaciones extraordinarias por el derrame colosal que se presenta en la Sonda de Campeche. El antepasado lunes la prensa nacional —TRIBUNA en su sección Carmen— dio a conocer un análisis del geógrafo Guillermo Tamburini, en el que sostiene que desde el 4 de julio, cerca de donde se incendió la plataforma de gas Nohoch Alfa el 7 de este mes, se observa en imágenes satelitales un extenso derrame de petróleo. Al día 12 se estimaba que abarca 450 kilómetros cuadrados de superficie marina. Y no es cálculo preciso, podría ser mayor.

El geógrafo, experto en temas petroleros, acusó que pese a la versión, Petróleos Mexicanos no desmintió ni confirmó el hecho. Peor aún, López Obrador lo minimizó. Al parecer tenía “otros datos”, como es su costumbre. La gobernadora Sansores San Román enmudeció, no ha declarado al respecto, pese a que los trozos de chapopote ya llegaron hasta Tamaulipas. ¿Será por eso que entregó ridículos apoyos a los pescadores?

Para apuntalar el argumento del geógrafo Tamburini, científicos de la Universidad Nacional Autónoma de México confirmaron lo innegable. Se presenta gran contaminación en el Golfo de México. Mediante mediciones de radar estiman que el área afectada es de alrededor de 467 kilómetros cuadrados.
¿Cómo afectará este derrame de Pemex nuestras playas y litorales y el trabajo de los pescadores? Pronto lo sabremos, aunque la mandataria siga muda.

HIPÓCRITA DEFENSA DE LOS PERIODISTAS

La gobernadora Layda Elena Sansores San Román estrenó una nueva “sección” en su programa cómico, musical y folclórico Martes del Jaguar, en que decidió darle voz a los “reportajes” de los periodistas a los que tiene en nómina, y son a los que encargan trabajos especiales para atacar a sus adversarios políticos.

Quien estrenó esa sección fue el polifacético Tomás Zapata Bosch, quien lo mismo ha defendido a los gobiernos anteriores emanados del PRI, y a quien la propia Layda Sansores acusó de ser chayotero, pues cobraba sus facturas en el Gobierno de Alito y de sus antecesores, pero que ahora, como nuevo converso de la 4T, es una de las puntas de lanza para defenestrar a los enemigos del actual régimen morenista.

Zapata Bosch cuestionó la validez de un título que presumió el exalcalde Eliseo Fernández Montufar en una universidad extranjera, y con el equipo de espionaje al servicio de Layda Sansores, se encargaron de ubicarlo geográficamente en alguna parte del mundo. Eliseo les respondió evidenciando la mentira (eso dijo) del periodista y advirtiendo que de igual modo actuará contra todos.

Eso bastó para que Zapata Bosch solicitara la protección “para él y su familia” de los ataques de Fernández Montufar, a quien ciertamente se le conoce proclividad a la violencia en contra de sus adversarios, pero no tanta como la que ha demostrado el Gobierno de Layda Sansores.

Lo curioso, chistoso y ridículo del asunto, es que de manera hipócrita, en su programa Layda Sansores se “solidarizó” con el periodista, y se pronunció a favor de la libertad de expresión y en contra de cualquier ataque en contra de los periodistas, pero por otro lado, volvió a arremeter contra los comunicadores que la atacan, y hasta se mofó de la disculpa pública que le ofreció la senadora Lilly Téllez, por haber incurrido en violencia política en su contra.

Una prueba más de la mentira, la hipocresía y la falsedad de la gobernadora, para quien la libertad de expresión debe entenderse como culto a su personalidad, como obligatoriedad del halago hacia la figura del gobernante y como la castración del derecho a la crítica para no lastimar sus delicadas emociones o su condición de mujer.

Es hipocresía y falsedad pregonar de dientes para afuera su respeto a los periodistas, pero por otro lado acosar con demandas judiciales a más de 35 comunicadores tanto de la entidad como del resto del país, que han publicado algo en su contra.
Nuestra casa editorial, TRIBUNA, ha sido su principal obsesión, con demandas tanto por daño moral, como por violencia política en razón de género, difamación, calumnias, delitos de odio y los que resulten y en el futuro se le ocurran, para tratar de silenciarnos.

Mención aparte son las agresiones a periodistas como Carlos Martínez Caamal, a quien le allanaron su vivienda y le colocaron una bala. O a Luis Armando Mendoza Leciano, a quien también le allanaron su domicilio y le quemaron uno de sus vehículos, sin olvidar las detenciones arbitrarias y prepotentes de la policía de la guanajuatense Marcela Muñoz Martínez, en contra de reporteros de páginas digitales que han difundido contenidos críticos contra el Gobierno sansorista.

“Defender” a uno de los suyos, y con ello aparentar que defiende la libertad de expresión de todos, es mentira del tamaño de la corrupción de este “Gobierno de Todos”, que la sociedad complementa “los Sansores”, que se ha convertido en el que más persigue, hostiga y demanda a los medios de información, como recurso legal para tratar de callarlos y arrodillarlos.

Que nadie olvide que también se violenta la libertad de expresión con esa política de cerrazón informativa que caracteriza al Gobierno laydista, cuyas unidades de comunicación social, que deberían ser enlaces para facilitar la información institucional que generan las dependencias, se han convertido en refugios de boletineros anodinos.

Esas unidades de comunicación social manejan una “lista negra” en donde se precisa a qué medios y reporteros se les puede facilitar una entrevista, y a quienes ni siquiera se les contesta la llamada o los mensajes de WathsApp y mucho menos se les considera para cubrir los eventos oficiales, en donde para colmo, se les veta el acceso, a pesar de ser actos públicos.

Que no nos salga la gobernadora con que defiende la libertad de expresión, cuando su Gobierno es el que más ha intentado acabar con las empresas de medios de comunicación mediante acoso fiscal y judicial contra sus directivos, a fin de que varíen su línea editorial y dejen, según ella, de “atacarla”.
Una prueba más del cinismo de la gobernanta campechana. Otra demostración de su gigantesca hipocresía. Y lástima por Tomás, que por tres pesos repite lo que le ordenen sus nuevos mecenas, que juran y perjuran que no le pagan a la prensa.

EXPEDIENTE es elaborado con aportaciones de periodistas y colaboradores de TRIBUNA. Comentarios, opiniones, quejas, denuncias, elogios, ofensas, agradecimientos y sugerencias al correo electrónico: expedien75@hotmail.com