CANDELARIA.— Trabajadores del rancho “Quiptic Ta Lecubtesel”, ubicado en la comunidad de Miguel Alemán de este Municipio, y al que el pasado 15 de diciembre la Vicefiscalía de Escárcega le aseguró ilegalmente dos hectáreas para el proyecto del Tren Maya, impidieron ayer el avance de los trabajos en ese tramo.
El problema deriva de que, aunque había el acuerdo de repartir la indemnización entre el expropietario y el nuevo dueño del predio, el Fondo Nacional de Fomento al Turismo (Fonatur) entregó el cheque al primero, quien escapó con cuatro millones de pesos.
También acusaron a la gobernadora Layda Elena Sansores San Román de tener las manos metidas en este asunto, pues autorizó que gente de la Vicefiscalía se quedara en el rancho.
Además de la falta de pago, los afectados consideran que los trabajos dañarán el ojo de agua que sirve a sus animales y a la fauna silvestre de la zona, pues tratan de secarlo para que avance el proyecto.
Encabezados por su actual dueño, José Luis Gómez Bolio, los trabajadores del rancho colocaron toldo y vehículo en el trazo donde trabajarían y seguirían dañando el referido cuerpo de agua.
Ayer, varias camionetas de la Guardia Nacional, de la Vicefiscalía de Escárcega y Candelaria y del Ejército Mexicano con elementos fuertemente armados, arribaron al sitio con la intención de desalojar por la fuerza a los inconformes, pero una comitiva de Fonatur y militares dialogó con ellos.
Gómez Bolio advirtió que continuarán impidiendo los trabajos, pues exige que le paguen la parte correspondiente, según quedó asentado en una cláusula del acuerdo firmado ante la Procuraduría Agraria (PA), en el sentido de que el bien sería entregado hasta que el expropietario y el actual dueño recibieran la indemnización.
Relató que en junio de 2019 adquirió dos parcelas a Febronio Mendoza Campos, una de ellas de 56 hectáreas, hicieron convenio y lo firmaron, pero cuando supo que iba pasar por ahí el Tren, ya no quiso concluir el trato.
“En enero de 2022 Fonatur me citó en Escárcega para que estuviera ahí Mendoza Campos, y nos propusieron que la indemnización que había por dos hectáreas que serían afectadas, de las 56 de la parcela 18, la compartiéramos. Les dije que sí, pues más vale un mal arreglo que un buen pelito”.
En el convenio en la PA acordaron que llevarían cuatro cheques, pues pagarían por la tierra y por los árboles que iban a tirar, o sea, dos cheques a cada uno de los involucrados.
“Pero el 25 de febrero llegaron los de Fonatur a la PA con un solo cheque, y les dije que ese hombre se les iba a ir con el dinero. Le dije a Fonatur, si este hombre no me deposita, el problema sería de él, pues en el convenio hay una cláusula que señala que si a alguno de los dos falta pagarle, no se iba a dar la posesión”.
El tema se complicó hasta llegar a denuncias en la Vicefiscalía de Escárcega, donde el quejoso asegura que protegen al anterior propietario, e insiste en que si no recibe su parte del pago, no permitirán el avance de los trabajos.
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