Pide la Resistencia a diputados frenar corrupción estatal

Que diputados de los partidos Revolucionario Institucional (PRI), Acción Nacional (PAN) y Movimiento Ciudadano (MOCI) promuevan la revocación de mandato en el Estado para frenar los abusos, la negligencia, la incapacidad y la corrupción del Gobierno de Layda Elena Sansores San Román, demandó el coordinador de la Resistencia Civil Campechana, Álvaro Omar Chiquini Cu.

En su sexto día de protesta en los bajos del Palacio de Gobierno, acusó al Congreso local  de adulterar la ley para dar entrada, por recomendación inmoral, al veracruzano Javier Hernández Hernández como auditor superior del Estado (Asecam), lo que evidencia el autoritarismo de la mandataria y los muestra como ridículas figuras de papel.

“La sociedad señala que ustedes (los legisladores) son sirvientes del Gobierno y carecen de decisión y criterio propio. Que detrás hay una mano pelirroja que les mueve la cuna”, asentó.

Por ello, les exigió que den reversa a la degradación legal que permitió el ingreso de arribistas, delincuentes y traficantes en cargos del Gobierno y en el Congreso local, como Hernández Hernández y Alejandro Gómez Cazarín, su actual presidente, quienes deben ser destituidos y nombrar en su lugar a campechanos, de preferencia mujeres.

Asimismo, el líder de la Resistencia Civil demandó a los dos legisladores panistas, Pedro Cámara Castillo y Leidy María Keb Ayala, asuman que son oposición y se sumen a sus homólogos del PRI y MOCI en un frente, que frene a los foráneos y su intento de asaltar al pueblo de Campeche.

“Estamos viendo un Gobierno de abusos, negligente, incapaz, abusivo, lleno de alarmante corrupción. Los diputados de Morena sólo son intendentes y mozos de la gobernadora. Son cómplices de las fechorías que se están cometiendo, y que el pueblo lo tenga presente… Morena no sabe gobernar”, arremetió.

Chiquini Cu develó la ‘Sala de la Exhibición de la Legión Extranjera’, que inició con el dirigente morenista Erick Reyes León, a quien llamó ‘El usurpador’, y advirtió que está acusado de tener vínculos con la delincuencia organizada, y en una sospechosa y temible decisión, incrustó a su esposa Blanca Hernández Carmona como subsecretaria de Seguridad Pública, sin que anteriormente haya acreditado las pruebas de control y confianza, como tampoco la han aprobado la comandanta Marcela Muñoz Martínez y su hija Samantha Bravo Muñoz, directora de Seguridad Pública en el Municipio del Carmen, lo que debe ser seriamente investigado, y sancionado con la expulsión, insistió.