No fueron separados los elementos de la Policía Estatal Preventiva (PEP) que trasladaban a E.C.V., el joven de 21 años que murió en las instalaciones de la Secretaría de Protección y Seguridad Ciudadana (SPSC), pues no han sido imputados, confirmó su titular, la guanajuatense Marcela Muñoz Martínez, al revelar que es la Fiscalía General del Estado (Fgecam) la que investiga.
El caso está en manos del fiscal Renato Sales Heredia, sostuvo, por lo que declinó abundar, argumentando que podría entorpecer las indagatorias que las autoridades de procuración de justicia llevan a cabo.
Aceptó que los policías que trasladaron al joven originario de la localidad de San Pablo Pixtún, Champotón, tras asegurarlo luego de ser acusado de ingresar a una vivienda sin el consentimiento del propietario, continúan laborando con normalidad.
“Todavía no están como imputados, la situación está en investigación”. Están a disposición, dijo, y garantizó que en la Secretaría que encabeza manejará todo el procedimiento con absoluta transparencia.
La Comisión de Derechos Humanos del Estado (Codhecam), confirmó, aún no solicita información a la Secretaría, a pesar de que su presidenta Ligia Nicthe-Ha Rodríguez Mejía aseguró que ya habían iniciado un legajo de oficio por el deceso del joven en manos de la policía. “Todavía Derechos Humanos no se acerca. Hubo acercamiento con el abogado que mandó la familia, pero creo que vamos a dejar que la Fiscalía decida el curso de esta situación”, concluyó.
La presidenta de la a Comisión de Derechos Humanos del Estado de Campeche (Codhecam), Ligia Nicthe-Ha Rodríguez Mejía, emitió medida cautelar contra la Fiscalía General del Estado para obtener información y exhortar a que sean diligentes y efectivas las investigaciones del Ministerio Público, en torno a la muerte del joven que se encontraba bajo custodia policiaca el lunes 7 marzo.
También dio plazo de cinco días a la Secretaría de Protección y Seguridad Ciudadana para obtener información de lo que ocurrió ese fatídico lunes, y pidieron a los familiares de la víctima, E.C.V., de 21 años de edad, acercarse a la Codhecam.
“Tenemos muy claro que esta es una investigación en la que se está dirimiendo si existe algún posible hecho criminal. Esa es la primera función de la autoridad ministerial, si es un acto en el cual hay alguna responsabilidad por parte de alguna persona”, indicó Rodríguez Mejía.
“La primera acción que emprendimos fue una solicitud de informe y copia de la carpeta de investigación a la Fiscalía. Aún están en término para que nos contesten, le dimos como plazo máximo ocho días naturales”, añadió. Con la medida cautelar dieron un plazo de tres días para que la Fiscalía acredite si está cumpliendo con la debida diligencia.
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