TENABO.— El Gobierno del Estado que encabeza Layda Elena Sansores San Román da duro golpe al campo, al poner trabas a campesinos para acceder al programa de apoyo de fertilizante 2022, pues exige certificado y título parcelario cuando las tierras son de uso común, denunció Luis Alberto Pacheco Chablé, jefe de la unidad de producción “Lachcoj”.
Con esos cambios, el Gobierno de Estado —continuó— da preferencia a grandes productores y a empresarios, y relega a los pequeños labriegos.
Mil 500 campesinos, que juntos reciben hasta cinco mil bolsas, serían excluidos del programa tripartita que inició hace años, es decir, los gobiernos Municipal y Estatal aportan el 50 por ciento del monto, y el productor el otro 50 porcentual.
Es lamentable que el Gobierno Estatal a través de la Secretaría de Desarrollo Agropecuario que dirige Ramón Ochoa Peña, exija esos documentos que los campesinos de Tenabo no pueden entregar, porque son productores de tierras de uso común, insistió el líder.
Es la primera vez que un Gobierno Estatal pide tantos papeles y documentación, con lo cual pone en riesgo la producción del ciclo de siembra de maíz primavera-verano.
Anteriores Gobiernos pedían a ejidatarios certificado de uso común, INE y CURP, y a los externos permiso de usufructo que otorga el Comisariado. “Es un atropello y si continúa de esta manera, Sansores San Román será recordada por enterrar el campo campechano, al ponerle trabas para los apoyos”.
Pedimos a la gobernadora que dé marcha atrás, que quite tantos requisitos y busque mejores estrategias, para que el productor pueda beneficiarse con el fertilizante, cuyo precio cada vez es más alto, demandó.
Finalmente dijo que en el caso del Programa Precios de Garantía que maneja Segalmex ningún campesino fue beneficiado.
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