El Instituto Nacional Electoral (INE) investiga cuatro denuncias en contra de autoridades y diputados locales del partido Morena, por la presunta promoción de la revocación de mandato, reveló su vocal ejecutivo Fernando Balmes Pérez, y advirtió que de ser comprobada la falta podrían ser amonestados o multados, e incluso el partido político perdería su registro.
Sin revelar si las quejas fueron interpuestas por ciudadanos o actores de institutos políticos, precisó que revisan el expediente e investigan para determinar si inicia o no un Procedimiento Especial Sancionador (PES), aunque abundará “cuando esté definida la circunstancia jurídica”.
Recordó que, de acuerdo con la Ley Federal de Revocación de Mandato, las autoridades de los tres niveles de Gobierno y los partidos tienen prohibida la difusión de esta consulta, con el fin de influir en la opinión de la ciudadanía, y de hacerlo deben cancelarla de inmediato, pues estarían cometiendo una infracción.
“El artículo 35 de la ley establece que la ciudadanía puede dar a conocer su posicionamiento sobre este ejercicio, salvo las restricciones establecidas en el artículo 33, que define que ninguna persona física o moral, a título propio o por cuenta de terceros, podrá contratar propaganda en radio y televisión, dirigida a influir en la opinión ciudadana”.
“La ciudadanía sí tiene autorización para hacer la difusión o hacer una manifestación a favor o en contra de la revocación de mandato, es su derecho. Sin embargo, los funcionarios de los tres niveles de Gobierno tienen impedido realizar esta actividad”, explicó.
Si algún ciudadano considera que violentan la ley, puede presentar su denuncia ante el órgano electoral, para que se inicie una investigación, refirió Balmes Pérez.
Aseguró que el INE está atento a recibir denuncias de ciudadanía y/o partidos, para investigar y determinar si se inicia o no el Procedimiento Especial Sancionador (PES), el cual culminaría con sanción del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), según la gravedad de la infracción cometida.
Nosotros integramos el expediente de la investigación para presentarla al TEPJF, a quien le corresponde aplicar la sanción que, de acuerdo con la ley, puede ir desde la amonestación pública hasta la multa económica, y si se trata de un partido político podría perder su registro, de acuerdo con el impacto de la infracción, concluyó.
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