Una burla para el pueblo de Carmen fue la colocación de sellos de clausura en los predios de la zona costera, concretamente del kilómetro 29 al 32 de la carretera federal 180, debido a que el pasado fin de semana fueron violados para ocuparlos sin ningún recato por los aparentes concesionarios.
Expresó lo anterior Miguel Benítez Heredia, presidente de Ecoguardianes de Ciudad del Carmen, y recordó que desde el 2021, mediante operativo conjunto de la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa), Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas (Conanp), Semarnat, SCT, Guardia Nacional y Comisión Federal de Electricidad, fueron colocaron los referidos sellos, para impedir el acceso a personas.
“Pese a las restricciones, hasta el momento no se sabe de algún procedimiento de recuperación de algunos de estos predios, que violentaron las leyes ambientales y hoy lo hacen a manera de burla con consentimiento de las dependencias señaladas”.
“Es reprobable que la franja costera esté privatizada en estos momentos y la población no tenga acceso, mientras las autoridades se muestran complacientes y todo parezca indicar que su actuación fue parte de un teatro ante la presión social”.
“Sabemos que algunas zonas son importantes por la presencia de la tortuga marina, por lo que las construcciones no sólo las desorienta, sino ahuyenta sin que puedan desovar o reproducirse”, lamentó.
Hasta el momento —continuó Benítez Heredia—, ninguna autoridad ha interpuesto denuncia o procedimiento alguno por estos predios, lo que deja entrever la posibilidad de que se cometen actos de corrupción a cambio de dádivas.
“Hacemos un llamado a las autoridades municipales y estatales a que se haga respetar la ley. No es posible que se burlen del pueblo quienes en su oportunidad aplaudieron la clausura de esos espacios, lo cual al parecer sólo se trató de una farsa gubernamental”.
Algunos propietarios de estos predios promovieron amparos, y aunque sabemos que ninguno procedió, siguen aferrados a los espacios de playa, mientras la autoridad tolera de forma sospechosa.
Cuando lo cuestionan, José Hernández Nava, titular de Conaps, repite que realizan operativos y nadie puede ingresar a esas áreas, cuando la realidad es distinta. Simplemente parecen cómplices de lo que ocurre.
Tienen la autoridad para derrumbar esas construcciones de la franja costera, pero no actúan, y no por miedo, sino por tener compromisos con algunos concesionarios, afirmó.
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