Es obligación del Gobierno de Layda Elena Sansores San Román proteger y salvaguardar la vida de las campechanas, así como darle puntual seguimiento a las denuncias que se presentan por violencia ante la Fiscalía General del Estado (Fgecam), pues es la antesala de los feminicidios, sentenciaron integrantes del Partido de la Revolución Democrática (PRD).
En pasado evento en el que exigieron un alto a los feminicidios y justicia para las víctimas, su dirigente estatal, José Segovia Cruz, señaló que las mujeres del sol azteca han sido promotoras de dignificar los derechos de este sector, que juega un papel relevante tanto para la vida pública como para la vida diaria.
Y destacó que el PRD no sólo participa activamente en el #8M, sino también genera talleres y capacitaciones permanentes para empoderar a la mujer.
Por su parte, la secretaria de Agendas, Teresa Santos Gómez, refrendó el compromiso de este instituto político de sumar y superar los prejuicios arraigados, apoyar la participación y el activismo, así como promover la igualdad de género, la justicia y el empoderamiento político de la mujer.
“El PRD ha sido el partido político que ha impulsado más iniciativas a favor de las mujeres, movido por causas sociales y con la firme convicción de seguir generando cambios en nuestras comunidades y luchar por la justicia e igualdad de género”, asentó.
Mientras que la secretaria de Asuntos Electorales y Alianzas, Paola Vázquez, condenó que los feminicidios ya están presentes en Campeche, y es obligación de las autoridades estatales dar protección a las mujeres, brindar el apoyo necesario, así como salvaguardar su integridad.
REALICEN FOROS POR LEY MINERA
Segovia Cruz indicó que pese a que la reforma a la Ley Minera sólo requiere para su aprobación de mayoría simple, es necesario que se realicen foros como ocurrió con la propuesta de la reforma eléctrica, para que se exponga a los mexicanos el sustento de cambiar la legislación y los beneficios que se obtendrían.
Consideró necesario que los ciudadanos conozcan del tema porque no es común, y expuso que, aunque el Artículo 27 Constitucional manifiesta que las tierras y las aguas son propiedad de la Nación, se necesita abrir el litio a la explotación.
José Adán Castillo Dzib, presidente del Grupo Resurgimiento “Pedro Sáinz de Baranda”, coincidió que la reforma a la Ley Minera debe ser consultada primero a los Estados que están involucrados, para que expongan sus experiencias y determinar si es viable.
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