Pretende Layda usar Fiscalía para perseguir a adversarios

Tras advertir que no avalarán la imposición de Loreto Verdejo Villacís, cercano al fiscal general del Estado (Fgecam), Renato Sales Heredia, como fiscal especializado en el combate a la corrupción (Feccecam), los coordinadores parlamentarios de MOCI y PRI, Paul Arce Ontiveros y Ricardo Miguel Medina Farfán, alertaron que restaría autoridad moral al organismo.

Y sentenciaron que la designación de un fiscal a modo, exhibiría que el Gobierno del Estado pretende utilizar esa fiscalía para la persecución política en contra de sus adversarios.

Por separado, el diputado local mocista Arce Ontiveros reconoció que si bien su aún titular, Silvia del Carmen Moguel Ortiz, puede renunciar sin concluir los siete años de su periodo legal, debería concluir, pues levanta sospechas la presión para que deje el cargo.

Además, reveló que hace unos meses la bancada de Morena presentó una iniciativa para eliminar el requisito de residencia en Campeche para la o el fiscal anticorrupción, que permanece en la ‘congeladora legislativa’.

No obstante, aclaró que la bancada de MOCI analizará los perfiles de los aspirantes a sustituir a Moguel Ortiz, pero que no aceptarán un fiscal a modo, tal como ocurrió con el auditor Superior del Estado (Asecam), porque quitaría autonomía a la Feccecam.

Sacar a una persona que no concluye el periodo para el que fue electa, presionarla para que renuncie y querer poner a alguien a modo, por supuesto que es en beneficio del Gobierno del Estado, alertó.

El priísta Medina Farfán manifestó que el Gobierno de Sansores San Román pretende entrometerse en un órgano autónomo, al sacar a Moguel Ortiz para poner un fiscal a modo, lo que es muy grave, sobre todo por el uso del poder que ejerce para la persecución política.

Coincidió con Arce Ontiveros en no respaldar la imposición de Verdejo Villacís, y cuidarán que la persona que ocupe la titularidad de la Feccecam sea garante de imparcialidad.

Una fiscalía tiene que ser autónoma, imparcial y objetiva. Ningún caso se puede perseguir y llevar ante la justicia si no hay una legitimidad, y cuando hay vínculos de parentesco, personal, familiar, amistad o profesional con quienes están ejerciendo el poder, no garantiza estabilidad política ni adecuada aplicación del Estado de Derecho”, subrayó.