Irregularidades por 24.4 mdp en el TSJE

Desvío de recursos, adjudicaciones irregulares de contratos y gastos no justificados

Presuntos desvíos de recursos, adjudicaciones irregulares de contratos, erogaciones no justificadas y pagos con cargo al erario por 24 millones 458 mil 357 pesos, detectó la Auditoría Superior del Estado de Campeche (Asecam) en la revisión de las cuentas públicas del ejercicio fiscal 2021 del Poder Judicial, que preside Virginia Leticia Lizama Centurión.

Según el informe individual de los entes públicos del Gobierno de Layda Elena Sansores San Román, en que auditaron ingresos locales y participaciones federales, la muestra revisada representó únicamente el 20.1 por ciento del total del presupuesto, es decir, sólo 63 millones 904 mil 311 pesos de 317 millones 955 mil 165. No obstante, el órgano fiscalizador encontró anomalías en 38.27 por ciento del dinero auditado.

Del periodo comprendido del 1 de octubre al 31 de diciembre del año pasado, cuando Sansores San Román ya era gobernadora, la Asecam halló erogaciones por 19 millones 764 mil 916 pesos por pago de obligaciones generadas en ejercicios fiscales anteriores, realizadas con recursos públicos de 2021, pero que debió pagar con recursos de 2020.

Asimismo, adjudicaciones por dos millones 467 mil 018 pesos por servicios de vigilancia, sin realizar el proceso conforme a lo establecido en la Ley de Presupuesto de Egresos del Estado para el ejercicio fiscal 2021, en su anexo siete, ‘Montos para procedimientos de adjudicaciones de obra pública, adquisiciones, arrendamientos y prestación de servicios’.

También, erogaciones por servicios de vigilancia sin documentación justificativa por un millón 687 mil 379 pesos y por prestación de servicios profesionales de asesoría y consultoría en tecnologías de la información y apoyo en la entrega-recepción por 370 mil 596 pesos y pago de actualizaciones y recargos con cargo al patrimonio de la entidad por 168 mil 448 pesos.

De igual manera, descubrió incumplimiento a disposiciones legales respecto a la realización inmediata de investigación por presunta responsabilidad de falta administrativa, no presentación de declaraciones patrimoniales y falta de documentación que acredite adecuada vigilancia de que bienes y servicios adquiridos se hayan entregado de conformidad con sus requerimientos.

La Asecam desechó un oficio emitido por el Poder Judicial del Estado con fecha 15 de junio de 2022 y número 1222/OM/2021-22, donde formuló aclaraciones, justificaciones y presentó pruebas que consideró pertinentes sobre los resultados de la auditoría. Argumentos, documentos y datos de prueba aportados, una vez valorados, no fueron suficientes para solventar las irregularidades detectadas.

En ese sentido, recomendó al ente público establecer y documentar los controles necesarios que aseguren que en el registro contable de las operaciones, se identifique al proveedor del servicio e implantar los controles necesarios que aseguren que para los reintegros se cuente con los documentos que evidencien quién es la persona que los realiza, en un periodo de 30 días hábiles a partir de la fecha de recepción del informe individual.