Exige Chiquini las renuncias de Layda y Marcela

Pobladores de Lerma y la Península de Atasta denuncian desalojo y abandono

Que se vaya la guanajuatense Marcela Muñoz Martínez y su parentela, y que renuncie la gobernadora Layda Elena Sansores San Román para que regrese la paz a Campeche, demandó el vocero del ahora llamado Movimiento Campechano de Resistencia, Álvaro Omar Chiquini Cu, al culparlas, junto al fiscal General del Estado (FGE), Renato Sales Heredia, de la ola de crímenes en la entidad.

En un mitin a las afueras del Congreso del Estado, junto a pobladores de Lerma y de la Península de Atasta, Municipio de Carmen, el activista condenó el artero asesinato del excontralor Sergio Novelo Rosado, y responsabilizó a la administración de la mandataria por el Movimiento Regeneración Nacional (Morena), así como a la secretaria de Seguridad y Protección Ciudadana (SPSC) y al fiscal.

“La sociedad está indefensa ante la amenaza que representa el Gobierno Estatal y su banda de delincuentes incrustados en la policía y en la FGE. Si queremos que las cosas mejoren, que Marcela y toda su parentela se vayan; que se le quite el cargo de diputado a Alejandro Gómez Cazarín; y que Layda renuncie al cargo”.

Por su parte, pobladores de la colonia Tierra y Libertad en Lerma, denunciaron que fueron despojados de forma abusiva, violenta y sin previo aviso de sus predios, a pesar de que no invadieron tierras de nadie, y las adquirieron de forma legal y pagaron por ellas.

Acusaron que el Gobierno Estatal, manipulando la ley en complicidad con la yucateca Virginia Leticia Lizama Centurión, presidenta del Tribunal Superior de Justicia del Estado (TSJE), liberó orden de desalojo, por lo que pidieron a Sansores San Román que les regrese sus tierras y les pague todo lo que les destruyeron.

“No nos dieron tiempo ni siquiera de desbaratar las casas, y fueron sacando hasta personas de la tercera edad bajo la lluvia. Le pedimos a la gobernadora que nos escuchara, se comprometió a apoyarnos cuando vino el presidente Andrés Manuel López Obrador, y el secretario de Gobierno, Aníbal Ostoa Ortega, dijo que nos ayudaría, y nada”, recriminaron.

Y agregaron que la FGE se ha negado a abrir la carpeta de investigación por la denuncia que interpusieron.

Mientras que habitantes de Nuevo Progreso en la Península de Atasta reprocharon que la ambulancia de la localidad no está al servicio de la ciudadanía, pues para solicitar traslados a la capital del Estado les cobran 800 pesos, por lo que exigieron a los cinco legisladores de la Isla por Morena que se pongan a trabajar.