Pueden demostrar que pagaron por el terreno a Pedro Celestino May Can
Familias de la colonia Justicia y Libertad que fueron desalojadas por la Fiscalía General del Estado (FGE) con brutalidad, protestaron en Palacio de Gobierno para exigir justicia, ya que los predios reclamados por la Secretaría de Protección y Seguridad Ciudadana (SPSC) pertenecían al extinto líder Pedro Celestino May Can, a quien le pagaron por un lote, por lo que el área desalojada no era invasión.
Encabezados por el activista Álvaro Omar Chiquini Cu, pidieron a la gobernadora Layda Elena Sansores San Román que los reciba en una audiencia para que le entreguen los documentos firmados por May Can antes de que falleciera, en los que demuestran que ellos estaban pagando por esos terrenos, por lo que no son de la SPSC como alega la guanajuatense Marcela Muñoz Martínez.
Acudieron al Palacio de Gobierno para tratar de buscar alguien que los atendiera, pero nadie les hizo caso. Las familias piden justicia, pues no sólo los desalojaron donde tenían su patrimonio, también les robaron sus pertenencias.
“Allanaron como delincuentes nuestras casas, con prepotencia sacaron a las familias sin importar que sean niños o ancianos. Con brutalidad nos dejaron sin nada”, relataron los quejosos, al recordar que el Gobierno de Layda Sansores los dejó sin nada por sacar con su capricho a la guanajuatense Muñoz Martínez.
En ese predio tenían sus casas, las cuales fueron destruidas. Hoy, las familias viven en condiciones de hacinamiento terrible en un campamento. El Gobierno ciego y sordo hasta ahora se ha negado a atenderlos, lamentaron.
Y aseguraron que esas tierras no las invadieron, sino que las compraron a May Can antes de fallecer, incluso tienen las pruebas para demostrarlo. Tras el arbitrario desalojo, acudieron a la FGE para interponer denuncia, pero jamás integraron el expediente.
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