RECLAMA A TRIBUNA Y SU DIRECTOR 4 MDP POR PUBLICAR DECLARACIONES DE LA CDMX
Al continuar la embestida contra el periodismo independiente, previo a la entrega del Primer Informe de Gobierno, la Administración que encabeza Layda Elena Sansores San Román entregó a través del Poder Judicial la notificación de la demanda por daño moral de su vocero Walther David Patrón Bacab, que reclama el pago de cuatro millones de pesos de reparación por presuntas afectaciones a su “reputación y honorabilidad”.
En su demanda, y como parte de las documentales aportadas por Patrón Bacab y su apoderada legal Zorayda Naal Mendoza, señalan que Organización Editorial del Sureste, editora de TRIBUNA, y su director general Jorge Luis González Valdez, publicaron declaraciones de la diputada local por la Ciudad de México, Tania Nanette Larios Pérez.
La legisladora acusa a Patrón Bacab de haber recibido contratos por más de 34 millones de pesos para la prestación de servicios a la alcaldía Álvaro Obregón, cuando Layda Elena Sansores San Román era la alcaldesa.
Aporta como “prueba” la publicación en TRIBUNA de un tuit de la diputada Tania Larios, en que claramente se lee “Layda Sansores desvió millones de pesos con empresas de su sobrino”. En la nota del jueves 19 de mayo de 2022, que toma como base para su demanda, se lee que es la crónica de la denuncia que presentó la citada diputada en contra de la hoy gobernadora de Campeche, contra su sobrino Gerardo Sánchez Sansores, y Patrón Bacab.
Otras publicaciones que asegura lo lastiman son las del 18 de mayo de 2022, con el título “Suplente de Layda se deslinda y su vocero se esconde”; 22 de mayo, “Walther y Seso Loco proveedores del PRI”, con la bajada “Extesorera estatal, América Azar Pérez, agilizaba pago de servicios”; del 23 de mayo, “Avaló Sansores fraude del Seso”, con subtítulo “Corrupción y tráfico de influencias al pagar 34 mdp a su sobrino”.
También se duele de la nota del 25 de mayo, “Investigar al Seso, exigen diputados”, con bajada “Que intervenga la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), proponen PRI, PRD y MOCI”. En otra nota aparte de la misma primera página “Layda lo exonera y pide que demande por ‘daño moral’”.
Lo afectan, además, asegura, el comentario en “Expediente” del 29 de mayo “Las facturas del Seso Loco y su prestanombre” y la nota principal de la portada del 25 de junio “Enferma de Covid la gobernadora LSS” y subtítulo “Lleva más de 10 días sin encabezar algún evento, gira de trabajo o reunión de gabinete”.
A las 13 horas de ayer miércoles personal de la Central de Actuarios del Tribunal Superior de Justicia del Estado entregaron al director general de TRIBUNA, Jorge Luis González Valdez, copia del expediente 352/21-2022/1C-I del juicio ordinario civil de daño moral promovido por Walther David Patrón Bacab en contra de Organización Editorial del Sureste o a quien la represente y contra el director general de TRIBUNA, Jorge Luis González Valdez.
Acusa a los demandados de incurrir en hechos ilícitos que le producen daño moral, por lo que solicita indemnización que no sea menor a dos millones de pesos a cada uno.
También pide la publicación de un extracto de la sentencia condenatoria que se dicte y refleje adecuadamente el alcance de la misma en los medios informativos y de comunicación social en los que tuvieron difusión las “conductas ilícitas” de los codemandados causantes del año moral que reclama, con la misma relevancia que tuvo la difusión original en cada caso y a cargo del responsable directo del menoscabo causado.
Patrón Bacab en su denuncia reconoce —y anexa la factura correspondiente— que sí prestó servicios a la alcaldía Álvaro Obregón de la Ciudad de México, cuando su titular era la hoy gobernadora Layda Elena Sansores San Román, pero asegura que no obtuvo contratos por 34 millones de pesos, como declaró la diputada Tania Larios y publicó TRIBUNA, sino “sólo” por tres millones 364 mil pesos, y duró del 7 de octubre al 31 de diciembre del 2020.
Intenta negar su sociedad con Gerardo Sánchez Sansores, sobrino de la alcaldesa, a pesar de que en TRIBUNA y otros medios de información digitales han sido publicados documentos fiscales que confirman esa relación.
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