En 25 años el peor inicio de Gobierno

NO SE SABE DEL DESTINO DE MÁS DE 22 MIL MILLONES DE PESOS DEL PRESUPUESTO, PORQUE NO HAY OBRAS

Sin rendición de cuentas, sin transparencia en el ejercicio del presupuesto de más de 22 mil millones de pesos que dispone para este año, con administración inundada de nepotismo y foráneos, cancelación de programas sociales como entrega de útiles escolares, uniformes, tenis y mochilas, reducción del 50 por ciento en las becas que otorga la Fundación “Pablo García”, inexistente obra pública, licitaciones amañadas e incremento en la incidencia delictiva, entre otros aspectos, hacen del Gobierno de Layda Elena Sansores San Román el peor inicio de los últimos  25 años.

Mientras que administraciones anteriores arrancaron con giras a comunidades rurales, colonias, zonas de producción y centros de trabajo, el Gobierno de Sansores San Román se ha caracterizado por el vacío de poder, por su constante ausencia de la entidad, porque viaja todos los fines de semana a la Ciudad de México a visitar a sus familiares y amigos, atender sus negocios y hacer compras.

Generalmente regresa el mismo día en que encabeza su programa cómico-musical-cirquero- regional “Martes del Jaguar”, en que infunde odio, burlas y lanza amenazas contra sus adversarios políticos, hiere y ataca a periodistas y a medios de información independientes y promueve sus intereses políticos.

De acuerdo con el comparativo del arranque de Sansores San Román y cuatro de sus antecesores, con base en el análisis de la información vertida en los documentos que contienen los primeros informes, se puede concluir que este Gobierno no ha puesto en marcha su Plan Estatal de Desarrollo ni ha cumplido con su ofrecimiento de que el campo y la pesca serían pilares para el desarrollo económico.

Denuncias del interior del Estado hablan de caminos en mal estado, principalmente en los Municipios de Hopelchén, Candelaria, Calakmul, Palizada, Escárcega, Calkiní y Hecelchakán, además de graves recortes a las finanzas municipales, lo que ha impedido a los alcaldes cumplir con sus compromisos de campaña y atender las demandas de la ciudadanía.

La gobernadora no ha visitado todos los Municipios, pese a que desde hace más de 10 meses que asumió el poder, porque en la mayoría de los eventos que ha encabezado —en sitios cerrados y con acceso controlado para impedir o reducir protestas— recibe reclamos, acusaciones, demandas y exigencias de que cumpla lo que prometió en campaña.

La falta de experiencia y conocimiento de Campeche y los campechanos de su equipo de Gobierno, porque la mayoría son de otras entidades, propició que varios programas sociales fueran cancelados, devolvieran dinero a la Federación o que acciones como la entrega de fertilizantes e insumos para la producción agrícola se convirtieran en motivo de bloqueos a carreteras y toma de edificios públicos, por el retraso en la entrega o porque no se informó con transparencia del manejo de los recursos, las aportaciones, las compras, los fletes y la distribución, entre otros aspectos. Aún no se aclara la sospecha de la desaparición de ocho millones de pesos.

El desarrollo económico parece meta inalcanzable, debido a que los funcionarios foráneos encargados de esas áreas apenas están conociendo la problemática estatal y no se ha implementado ningún programa de atracción de inversiones que genere fuentes de empleo. Hasta el momento la única propuesta es la de Mobility ADO, para incursionar en la modernización del transporte urbano con inversión de más de 70 millones de pesos, pero en contraparte, desplazará a los transportistas locales, lo que propiciaría que al menos cinco mil familias se queden sin fuente de ingreso. En lugar de promover el empleo, propiciará desempleo.

Campeche es también el Estado con la inflación más alta del país, donde se ha registrado el mayor encarecimiento de productos de la canasta básica, y los índices delincuenciales se han disparado hasta en seis mil por ciento, según cifras oficiales del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública. Han aumentado robos, asaltos, secuestros exprés, pirataje en altamar, homicidios, lesiones, violencia intrafamiliar y feminicidios.

La secretaria de Seguridad y Protección Ciudadana y el fiscal general del Estado, Marcela Muñoz Martínez y Renato Sales Heredia, encubren con palabras sus deficiencias, porque muchos criminales están libres y la mayoría de los asesinatos no han sido aclarados. El manto protector a su permanencia en los puestos lo constituyen la amistad o el parentesco con el sobrino de la gobernadora, Gerardo Sánchez Sansores.

Han sido cancelados programas como la entrega de útiles escolares, zapatos, tenis, uniformes y mochilas, en perjuicio de más de 80 mil niños de escuelas públicas de nivel básico, principalmente de comunidades rurales muy pobres, no hay anuncios de entrega de tractores, créditos o apoyos para la producción, el sector pesquero quedó en el desamparo ante la degradación de la Secretaría de Pesca a Instituto, subsiste el desabasto de medicamentos en  hospitales públicos y la infraestructura de salud no ha sido atendida, por lo que cada día es más grave la problemática.

La falta de resultados del Gobierno, la opacidad en el manejo del presupuesto y la ausencia cada fin de semana de la gobernadora para irse a la Ciudad de México a visitar a su familia y atender sus negocios, va en detrimento del erario y causa malestar, crítica, maledicencia y reprobación en las encuestas. Sansores San Román se encuentra, según mediciones de diversas empresas, entre los cinco peores gobernadores del país.