Asume la Presidencia izquierdista G. Petro

PROMETE PAZ Y EQUIDAD AL PUEBLO DE COLOMBIA

BOGOTÁ (Reuter) — Gustavo Petro asumió ayer la Presidencia de Colombia como el primer mandatario de izquierda del país sudamericano, prometiendo unir a una dividida nación, luchar contra la pobreza, la desigualdad y el cambio climático, además de buscar la paz con la guerrilla y las bandas criminales.

Miles de simpatizantes se reunieron en el centro de Bogotá, y en grandes pantallas instaladas en lugares públicos de todo el país para celebrar la llegada de Petro a la Presidencia.

“Uniré a Colombia. Uniremos, entre todos y todas, a nuestra querida Colombia. Tenemos que decirle basta a la división que nos enfrenta como pueblo. Yo no quiero dos países, como no quiero dos sociedades”, dijo el Mandatario. “Quiero una Colombia fuerte, justa y unida. Los retos y desafíos que tenemos como nación exigen una etapa de unidad y consensos básicos”.

La ceremonia de toma de posesión se cumplió en la histórica Plaza de Bolívar de Bogotá. El presidente del Senado, Roy Barreras, le tomó el juramento y le impuso la banda presidencial junto con la senadora María José Pizarro, frente a 100 mil personas, incluido el rey Felipe VI de España, mandatarios de América Latina y gente invitada por Petro.

“Tenemos que terminar, de una vez y para siempre, con seis décadas de violencia y conflicto armado”, aseguró Petro.

“Convocamos, también, a todos los armados a dejar las armas en las nebulosas del pasado. A aceptar beneficios jurídicos a cambio de la paz, a cambio de la no repetición definitiva de la violencia, a trabajar como dueños de una economía próspera pero legal, que acabe con el atraso de las regiones”, agregó.

Petro, un economista de 62 años que fue congresista, se propone buscar una “paz total” que silencie los fusiles y antes de su posesión anunció que restablecerá una negociación de paz con la guerrilla izquierdista del Ejército de Liberación Nacional (ELN).

Con las disidencias de las FARC pretende implementar el acuerdo de paz de 2016, que permitió la desmovilización de 13 mil combatientes, mientras que busca alternativas jurídicas para las bandas criminales implicadas en el narcotráfico que recibirían beneficios, como rebajas de penas a cambio de delación de rutas.