La presidenta del Instituto Electoral del Estado de Campeche (IEEC), Lirio Guadalupe Suárez Amendola, recurrió al Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), y con el expediente SUP-JDC-851/2022, inició un proceso por violencia política de género que, considera, ejercen contra ella sus compañeras y compañeros integrantes del Consejo General, que buscan remover a Claudia Góngora Ramírez como directora ejecutiva de Administración y Prerrogativas de los Partidos y Agrupaciones Políticas.
La medida emprendida por Suárez Améndola ante el TEPJF ocurre después de que el fiscal general del Estado, Renato Sales Heredia, confirmó que la denuncia interpuesta ente esa instancia por la administradora del IEEC, Góngora Ramírez, queda fuera de su competencia, pues es tema “laboral o administrativo”.
Cabe señalar que la administradora Claudia Góngora Ramírez acusó a prácticamente todo el Consejo General del IEEC de violentarla, ante la exigencia de los consejeros de dar claridad y ser transparente en el ejercicio de sus funciones.
A principios de año y a propuesta de Suárez Améndola, los consejeros Abner Ronces Mex, Nadine Abigail Moguel Ceballos, Fátima Meunier Rosas, Clara Castro Gómez, Danny Alberto Góngora Moo, Juan Carlos Mena Zapata y la propia presidenta, dieron el voto de confianza para designar a Góngora Ramírez en ese cargo, pero ahora les impiden supervisarla.
Para bloquearlos o intentar frenarlos en sus intenciones de destituirla, Góngora Ramírez los acusó el 29 de julio ante la Fiscalía General del Estado de Campeche por el delito de odio, y ahora Suárez Améndola recurrió al Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, señalando a los consejeros de violencia política de género en su contra.
Suárez Améndola asegura ser objeto de violencia de género por parte de las consejeras y los consejeros electorales, por lo que interpuso ante el TEPJF juicio para la protección de sus derechos políticos electorales, con el argumento de que sus compañeros la presionan y limitan para ejercer sus atribuciones, al pretender destituir a su directora de Administración.
De la misma forma que lo hiciera Góngora, Suárez solicitó el dictado de medidas contra los consejeros electorales para que dejen de proponer y/o hacer uso de sus atribuciones o que presenten acuerdos ante el Consejo General, como la que plantearon para destituir de sus funciones a la titular de Administración y Prerrogativas de los Partidos y Agrupaciones Políticas.
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