IMPACTA A HOGARES MÁS POBRES YA QUE DESTINAN 48.3% DEL GASTO PARA COMIDA
CIUDAD DE MÉXICO (El Universal).— La inflación sigue imparable en México, impulsada por la carestía en los alimentos y afectando principalmente a los hogares más pobres del país, los cuales destinan casi la mitad de su gasto a la adquisición de estos productos, alertaron especialistas.
El mes pasado, la inflación general anual se ubicó en 8.15%, manteniéndose como la tasa más elevada desde diciembre de 2000.
Por su parte, los precios de los alimentos aumentaron 13.94%, la cifra más elevada desde agosto de 1999, de acuerdo con datos del Inegi.
Este repunte de la inflación alimentaria impacta a los hogares más pobres del país que destinan en promedio 48.3% de su gasto a la adquisición de comida, según resultados de la Encuesta Nacional de Ingreso y Gasto de los Hogares 2020.
El alza en el precio de alimentos es cada vez más preocupante por la incidencia que tiene en la inflación. Su peso en julio fue de 3.85 puntos en la tasa de 8.15% de inflación general, acercándose peligrosamente a ser la mitad del componente, explicó Sofía Ramírez, directora general de México, ¿cómo vamos? (MCV).
Sin embargo, hay otros dos componentes, como son la inflación en restaurantes y hoteles, así como en transporte, cuyo peso ha aumentado, de manera que el alza en precios empieza a afectar a mucho más rubros de la economía familiar.
Ante esta problemática, el pasado cuatro de mayo el Gobierno Federal anunció el Paquete contra la Inflación y la Carestía (Pacic), el cual prevé medidas de producción, distribución, comercio exterior, entre otras, orientadas a contener el incremento de precios en una canasta de productos de primera necesidad.
Pese a ello, 19 de los 24 bienes que integran dicha canasta reportaron incrementos en sus precios a tres meses de la puesta en marcha de la estrategia.
En opinión de Ramírez, el Pacic tiene varias omisiones, pero una de las más importantes es atender a las familias más vulnerables, ya que las autoridades no se han preocupado por mejorar el padrón de beneficiarios de programas sociales, favoreciendo a segmentos de la población que no los necesitan.
“Es un crimen de Estado, porque están descobijando a las familias que están en una situación más vulnerable, a generaciones de niños que vienen detrás, y se está pensando en el gasto público con una lógica meramente electoral”, lamentó.
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