Incurrió Layda en violencia de género, resolvió ayer INE

La Comisión de Quejas y Denuncias del Instituto Nacional Electoral resolvió ayer que la gobernadora de Campeche, Layda Elena Sansores San Román, incurrió en violencia política en contra de las mujeres en razón de género, al difundir en sus redes sociales diversas acusaciones en contra de diputadas federales del PRI, por lo que se le ordenó retirar tales publicaciones.

Con el voto unánime de los consejeros Claudia Zavala, Ciro Murayama y Adriana Favela, ésta última, presidenta de la Comisión de Quejas y Denuncias, se declaró procedente la adopción de medidas cautelares respecto de las publicaciones en Twitter y You Tube, pues las expresiones analizadas contienen elementos misóginos y discriminatorios por razón de género, en perjuicio de la diputada denunciante, ya que se dirigen a exhibirla cuestionando los méritos por los que llegó al cargo público que actualmente ocupa.

La solicitud de medidas cautelares fue de una diputada federal del PRI, en contra de Layda Elena Sansores San Román, gobernadora de Campeche, del chilango Erick Reyes León, delegado en funciones de presidente de Morena en Campeche, del partido político Morena, de diversos influencers y de quienes resulten responsables por violencia política en contra de las mujeres en razón de género.

Lo anterior, derivado de seis publicaciones en Twitter, y 11 en You Tube, las cuales a decir de la quejosa, tienen por objeto demeritar la obtención de su cargo, pues se encuentran basadas en referencias alusivas a su cuerpo y vulneran el derecho del libre ejercicio de la sexualidad, solicitando medidas cautelares en la modalidad de tutela preventiva, y ordenar a los denunciados que no continúen difundiendo propaganda que actualice actos de violencia política en contra de las mujeres en razón de género.

Con las publicaciones se consideró también que existe una posible violencia psicológica, pues se insulta, descalifica, difama y desprestigia a la diputada mediante mensajes que tienen connotación negativa en el contexto social y que, a su vez, devalúan sus capacidades para ejercer un puesto político, lo que persigue afectar el aspecto psicológico de la denunciante.