Decenas de policías en despojos en Candelaria

CANDELARIA.—  Más de 50 elementos de la Fiscalía General del Estado, apoyados por efectivos de las policías preventivas del Estado y del Municipio,  rompieron el candado de acceso a la vivienda de Magdalena Franco Gallegos y Pedro Rodríguez García, y los expulsaron de su propiedad, que han acreditado con título, bajo el argumento de delito de despojo de terrenos de la aeropista.

Son 20 familias las afectadas, debido a que el terreno está fraccionado, aunque sólo una habitaba su espacio. Las demás no reúnen aún los recursos para construirse una pobre vivienda. Todas exigieron a la gobernadora Layda Sansores San Román que dé la cara y explique por qué se ensaña con los más pobres.

Decenas de patrullas fueron desplegadas frente a la vivienda de esta familia, y como delincuentes los policías irrumpieron y la desalojaron, tras dos años de habitarla. Intimidaron y amenazaron con detener a quienes se acercaron a filmar las acciones, porque estaban obstruyendo una acción judicial, y les respondieron que estaban en la vía pública.

Lo que no deseaban, indicaron vecinos, es que documentaran una nueva arbitrariedad del Gobierno de Layda Elena Sansores San Román, al despojar a 14 familias de lo que es su pequeño patrimonio. En el sitio había otras personas, también desalojadas con violencia. A la señora Victoria González Hernández la jalonearon sin ninguna justificación, y le lastimaron un brazo.

“Me metieron a una camioneta de doble cabina sin placas, y me advirtieron que me detendrían si protestaba por la agresión”, comentó.

Los elementos de la Fiscalía desalojaron a todos los que estaban en el interior del predio en disputa. Echaron de su hogar a la familia Rodríguez Gallegos, cuyo hijo menor se encontraba en la escuela, y no la dejaron sacar ninguna pertenencia. Quedaron así abandonados sus borregos, chivos, gallinas y gallos de pelea, que morirían por falta de atención.

Tras sacarlos violentamente, los policías colocaron una cinta amarilla para delimitar el predio, en el cual se apostaron y permanecieron en su interior. El Gobierno del Estado argumenta que el terreno fue expropiado por causa de utilidad pública, pero nunca pagaron la indemnización a la propietaria, y en esa época (2002), eran terrenos ejidales, los cuales no pueden ser expropiados, informaron.

La propietaria Eugenia García Vadillo, en asamblea general del ejido, manifestó su desacuerdo y derecho a recuperar sus tierras. Su hijo Pedro Rodríguez García es heredero del predio de 24 hectáreas, en donde se encuentra la pista construida por el Gobierno del Estado, cuyos funcionarios no han actuado legalmente, señaló.