La Comuna es quien retrasa investigación de las sepulturas

ÁREA JURÍDICA NO ENTREGA DOCUMENTACIÓN IMPORTANTE

Mientras el alcalde Pablo Gutiérrez Lazarus responsabilizó a la Fiscalía General del Estado de Campeche (Fgecam) de retrasar la integración de la carpeta de investigación, por el caso de la exhumación e inhumación ilegal de cuerpos en el panteón, cuyos responsables serían funcionarios de la pasada administración, transcendió que son los representantes legales de la Comuna quienes desde hace semanas se niegan a entregar documentación importante para el cierre de la indagatoria.

Aunque el edil insistió en señalar que hay lentitud en la investigación y no se castiga a los presuntos responsables, una fuente —que pidió omitir su nombre— allegada a la carpeta reveló que aún no terminan de integrar el expediente, debido a que el área jurídica del Ayuntamiento no responde a varios planteamientos.

Los representantes legales de la Comuna —entre ellos el síndico jurídico—, son quienes han retrasado la integración al tardar en la entrega de la documentación requerida, y esto impide judicializar el expediente.

De acuerdo con información de las autoridades municipales, en octubre y noviembre de 2021, al inicio de la actual administración, hubo revisión en los dos panteones de la Isla y ubicaron en el Colonia al menos 10 criptas con unas 700 bolsas con restos humanos.

A decir de la autoridad municipal, la exhumación e inhumación se realizó de manera irregular y sin protocolos de seguridad ni legales, ante lo cual se presentó denuncia ante la Vicefiscalía General Regional de Justicia.

Por ahora, la carpeta de investigación sigue en espera de la documentación que los representantes del Ayuntamiento deben presentar, para integrarla y proceder a su judicialización.

Aunque la fuente no precisó de qué documentación han pedido a la Sindicatura Jurídica del Ayuntamiento, pues son datos confidenciales, se dejó entrever que forma parte de lo denunciado en su momento, lo que deben ratificar con algunos elementos.

El síndico jurídico Julio Manuel Sánchez Solís ha enfatizado que el delito tiene pena punitiva, la cual podría llegar a la sentencia de entre cinco y ocho años, pero ahora debe aportar más datos.

Según el funcionario, existen pruebas necesarias ante el Ministerio Público para determinar si José Flores Alejandro, exadministrador del cementerio; Jahers José Echavarría Martínez, exdirector de Servicios Básicos; y Norma de los Ángeles Alfaro Pérez, titular de la Contraloría, son culpables o no.