Otras 8 denuncias de presumible peculado

SUMAN 48 CONTRA FUNCIONARIOS DE LA ANTERIOR ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL, SEÑALA SECONT

Ocho denuncias más por presunto peculado cometido en dos dependencias estatales, una de ellas la extinta de Pesca y Acuacultura (Sepesca), que dirigió Raúl Uribe Haydar, interpuso la Secretaría de la Contraloría (Secont) ante la Fiscalía Especializada en el Combate a la Corrupción del Estado (Feccecam), con los que ya suman 48 en contra del Gobierno de Carlos Miguel Aysa González.

La contralora estatal, María Eugenia Enríquez Reyes, declinó revelar en qué consiste la supuesta deshonestidad y qué servidores públicos están involucrados, pues la Fiscalía investigará y deslindará responsabilidades, pero advirtió que las denuncias serán constantes en la medida en que detecten que proceden, sea administrativa o penalmente.

Cuando presentan alguna denuncia penal, explicó, es por presumibles hechos que constituyen delito, pero quien valora e investiga qué servidor público es el probable responsable es el Ministerio Público. El juez puede revalorar.

Nosotros al momento de auditorías y revisiones deslindamos que existe algún hecho que pudiera constituir un delito, y se lo pasamos al Ministerio Público. Pudiera constituirse el delito de peculado, contratación indebida o algún otro que señale el catálogo de nuestro Código Penal, pero la investigación hace que esa figura jurídica no sea o vaya variando, indicó.

Habían sido presentadas 40 denuncias y se llega a 48, por presunto peculado. Corresponde a las auditorías del 2020 de la Administración Estatal. Trascendió que también se investiga al exgobernador sustituto y actual embajador de México en República Dominicana, Carlos Miguel Aysa González, aunque la funcionaria no comentó nada en ese sentido.

Aclaró que la Dirección de Auditoría de la Secont no sólo revisa las cuentas del Gobierno anterior, sino del actual, que encabeza Layda Elena Sansores San Román, por lo que ya revisan el primer trienio de 2022, de enero a marzo, para verificar la adecuada aplicación de los recursos públicos, que es lo que le interesa a la ciudadanía.

“No tengo ningún trato con campechanos. No tengo familia aquí, no tengo algún compromiso que pudiera impedirme revisar o auditar algún recurso que se debe ejecutar adecuadamente. Eso es una gran ventaja para que tengan todos tranquilidad. Y jamás he recibido alguna indicación de que no haga mi trabajo o se favorezca a alguien, aseguró.

Finalmente, Enríquez Reyes señaló que de la revisión y detección de recursos distraídos o contratados indebidamente, algunos pueden ser recuperables y otros no, ya que sólo se castiga la conducta del servidor público.