El Tren Maya violenta el marco normativo en México, principalmente la Ley de Equilibrio Ecológico, tanto que han tratado de corregir la construcción, por eso en materia arqueológica o ambiental se dice que cuando hay daño irreparable se tiene que suspender la obra con una razonabilidad, manifestó el doctor por la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), Manuel González Oropeza.
Lo anterior, durante su participación en la primera jornada del XXXII Encuentro Internacional “Los Investigadores de la Cultura Maya” 2022, donde expuso que no se ha podido concretar por el criterio de no perjudicar a la naturaleza de la Península, y además era necesario tomar en cuenta aspectos de consultas a las comunidades indígenas, pero no tendenciosas, es decir, que están a favor porque sólo se conocen los aspectos positivos, pero no dan a conocer los aspectos negativos para determinar si es o no viable.
Advirtió que la construcción pensada para el Tren Maya afecta los ríos subterráneos, y puede pasar lo que ocurrió en la Ciudad de México en la Línea 12 del Metro, que se hundió dejando muertos y lesionados.
“Al menos en la construcción se han descubierto 14 mil monumentos arqueológicos. Este año se publicó un artículo interesante por Eva de Naharon sobre los restos de una mujer prehistórica en la zona de Tulum, antes del Tren Maya, y tiene todo el dato de que puede dar luz sobre la migración y poblamiento de América en el norte, porque tienen 13 mil 500 años. La mujer contaba con 24 años cuando murió por un síndrome óseo en la columna. Estos descubrimientos no continuarán con la obra”.
González Oropeza detalló que, anteriormente, el daño ambiental se valoraba a partir del daño mismo, se paga cuando se hace, pero a partir de 1970 se determinó que es un principio inverso, es decir, los daños ambientales no se pueden indemnizar, por ejemplo, la destrucción de flora o fauna no se puede recuperar si se extingue.
“El problema es cuando ese daño viene de las autoridades, y eso es un dilema, lo más que puede hacerse es que sea un juez quien determine qué se suspende. La Comisión de Venecia establece que ningún Gobierno debe alterar la dependencia, la autonomía de los organismos. Provoca un daño. Alterar también la independencia de los jueces es menoscabar el Estado de derecho”.
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