Sería grave e ilegal que FGE espíe: PT

DEBE SALES ACLARAR USO DE DISPOSITIVOS COMPRADOS A NEOLINX, PLANTEA

Sería grave que la Fiscalía General del Estado (FGE) esté interviniendo equipos telefónicos de adversarios políticos, además de que estaría incurriendo en un delito, consideró la comisionada política nacional del Partido del Trabajo (PT), Ana María López Hernández.

Y manifestó que el fiscal Renato Sales Heredia debe aclarar qué uso se le está dando a los dispositivos tecnológicos adquiridos a la empresa Neolinx de México, S.A. de C.V., por un monto de tres millones 080 mil 400 pesos con un centavo, y para qué solicitó la intervención y localización geográfica de 25 equipos.

La petista opinó que, si el organismo tiene alguna necesidad legal de hacer este tipo de solicitudes, también debe clarificar las razones para evitar levantar sospechas entre las y los campechanos en el sentido de que la autoridad está recurriendo al “espionaje” telefónico para atacar a los adversarios políticos de la gobernadora por el Movimiento Regeneración Nacional (Morena), Layda Elena Sansores San Román.

“Al pueblo se le tiene que transparentar. Existen las dudas de muchos, ya no a nivel Estado, sino nacional. Hay varias interrogantes sobre el tema de que estén interviniendo los teléfonos y se dé el espionaje que se ha repudiado por mucho tiempo, por lo que debe haber claridad al respecto”.

No obstante, confió en que la FGE haya adquirido este equipo tecnológico para emplearse por la Unidad Antisecuestro, como aseguró el propio Sales Heredia, y que sirva para ayudar a combatir y esclarecer este tipo de ilícitos.

“Vamos a pensar que es un tema para que las investigaciones que se están llevando a cabo tengan una mejor eficacia y resultados. Hoy en Campeche han pasado tantas situaciones que los mismos ciudadanos están con el ‘Jesús en la boca’, así que creo que es parte de un trabajo que viene realizando la fiscalía”.

Por último, López Hernández reconoció que sería grave que la fiscalía esté interviniendo teléfonos de adversarios políticos, además de que sería un delito, y “tenemos que cuidar que eso no se dé”, por lo que el fiscal debe dar claridad total a las y los ciudadanos de Campeche.