Suben 44% denuncias de migrantes en el país

APENAS EN 4 AÑOS DE LA 4T

CIUDAD DE MÉXICO (El Universal).— La Comisión Nacional de los Derechos Humanos  (CNDH) informó que en los 47 meses que van del Gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador se presentaron cinco mil 441 quejas de migrantes, mientras que en todo el sexenio de Enrique Peña Nieto se registraron tres mil 770 denuncias, un aumento de 44%.

De acuerdo con la respuesta a una solicitud de información que realizó El universal, el órgano autónomo documentó que en el primer mes del Gobierno de Peña Nieto, diciembre de 2012, las quejas por violaciones a los derechos de los migrantes fueron 23; en todo 2013, 608; en 2014, 558; en 2015, 735; en 2016, 600; en 2017, 584, y en 2018, 662, sumando un total de tres mil 770 denuncias.

En casi cuatro años del Gobierno de López Obrador las querellas presentadas por migrantes fueron cinco mil 441. En diciembre de 2018 se contabilizaron 54; en todo 2019, 835; en 2020, mil 274; en 2021, mil 572, y hasta octubre de 2022, mil 706 denuncias.

Las principales dependencias contra las que presentaron quejas los migrantes en el actual sexenio son: el Instituto Nacional de Migración (INM), la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados (Comar), la extinta Policía Federal, la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) y la Guardia Nacional (GN).

Eunice Rendón, coordinadora de Agenda Migrante, expone que el aumento de vejaciones contra los migrantes se debe a la militarización en las fronteras, un aumento en el arribo de extranjeros, las nuevas modalidades para atravesar el país y los trayectos que hacen.

“Ha habido un flujo mayor de migrantes en estos años  que en el Gobierno de Enrique Peña Nieto, por lo que es alta la probabilidad de abuso; el tipo de migración, ya que ahora es en caravanas. También tienen que ver los trayectos, pero sobre todo la militarización, nunca habíamos visto un número tan grande de militares resguardando las fronteras; según el último reporte de la Sedena, hay 43 mil elementos cuidando las fronteras”.

Por su parte, Roberto Zepeda, del Centro de Investigaciones sobre América del Norte (Cisan) de la UNAM, dice  que los flujos migratorios se incrementaron y por consiguiente las violaciones; sin embargo, también  existe una política de detención.

“El aumento de las violaciones de los derechos humanos de migrantes puede ser por dos cosas: el aumento de los flujos migratorios y que ahora hay una política de más de detención en las fronteras, donde no hay espacios para retenerlos en lugares confinados, además de que los migrantes están en condiciones muy precarias”, detalla.

El investigador explica que el tema es complejo, ya que para Estados Unidos es un asunto de seguridad nacional, lo que ha generado una mayor presión para México en cuanto a detener los flujos migratorios.

“Los migrantes que entraron de manera clandestina no son criminales, México tiene una legislación en ese sentido proclive a ellos, el problema es que ellos van de paso en el país, su destino es Estados Unidos; el tema para ese país es que  es un tema de seguridad nacional por los atentados de 2001, a partir de esa fecha han legislado y creado instituciones como el Departamento de Seguridad Interior. El problema para México es que no hay infraestructura para contener a esos migrantes de paso”, dice. De acuerdo con los informes, las cinco entidades con más quejas en el Gobierno de Peña Nieto fueron: CdMx, Chiapas, Tabasco, Veracruz y Tamaulipas.

Detallan que las principales denuncias fueron por trato cruel, inhumano y degradante; detención arbitraria, emplear arbitrariamente la fuerza pública, omitir o motivar el acto de autoridad; prestar indebidamente el servicio público, falta a la legalidad, honradez, lealtad, imparcialidad y eficacia en el desempeño de las funciones empleos, cargos o comisiones.

En el Gobierno de López Obrador las entidades con más quejas han sido Ciudad de México, Chiapas, Tabasco, Veracruz y Tamaulipas. Las principales denuncias fueron por trato cruel e inhumano, limitar o impedir viajar o desplazarse dentro del país; prestar indebidamente el servicio público, acciones y omisiones que transgreden los derechos de los migrantes y de sus familiares, y detención arbitraria.