LAS AUTORIDADES JUDICIALES ESTÁN OBLIGADAS A INVESTIGAR LOS VIDEOS
Las autoridades judiciales están obligadas a investigar hasta las últimas consecuencias los videos en que se ven a funcionarios estatales recibiendo dinero en oficinas del Palacio, subrayó el presidente de la Contraloría Ciudadana de Carmen, Javier Bello Ávila.
En tanto, el secretario regional del Partido Revolucionario Institucional (PRI), Luis García Hernández, afirmó que “si tienen vergüenza, la gobernadora Layda Sansores San Román e involucrados deben renunciar a sus cargos, por los actos de corrupción que fueron revelados”.
Luego de que Televisa diera conocer videos donde el secretario de Educación, Raúl Aarón Pozos Lanz; el jefe de la Oficina de la Gobernadora, Armando Toledo Jamid; y la senadora Rocío Adriana Abreu Artiñano, reciben fajos de dinero de al menos un millón de pesos cada uno, los entrevistados coincidieron en que la denuncia no puede quedar en el vacío.
Los videos habrían sido grabados durante el proceso de elección del 2021, cuando era gobernador suplente Carlos Miguel Aysa González, hoy embajador de México en República Dominicana y señalado de entregar la entidad a Morena, agregaron.
García Hernández sentenció: “Los videos aclaran lo que se rumoraba, que el exgobernador Aysa González financió la campaña de Layda Sansores San Román para el proceso electoral del 2021, por lo cual el Senado debe revocarle la envestidura de embajador en Dominicana”.
“Si tienen un poquito de vergüenza, Layda Sansores, Raúl Pozos, Armando Toledo y Rocío Abreu, deben separarse de sus cargos para que sean investigados, pues es un fraude al pueblo que recursos del erario fueran desviados a la campaña de Morena para que ganara la elección”.
Son sinvergüenzas, cínicos y corruptos. Se les cayó la máscara y el estandarte de la honestidad que pregonaban, al quedar al descubierto cómo recibían dinero a manos llenas, como delincuencia organizada, puntualizó García Hernández.
Bello Ávila dijo que Televisa está obligada a presentar las pruebas que presentó en su noticiero estelar, y los involucrados a esclarecer el motivo por el que recibieron ese dinero y el uso que le dieron.
En el caso de los funcionarios, tanto Pozos “El señor de los fajos”, como Toledo Jamit, por dignidad deben separarse de sus cargos, pero hacerlo haría quedar mal al Gobierno de la cuarta transformación, lo que no ocurrirá por conveniencia.
“Un término legal reza que nadie es culpable hasta que se demuestra lo contrario, por eso tanto los que acusan como los acusados deben aportar las pruebas a su alcance, para el esclarecimiento a satisfacción del pueblo, pues el silencio solo causará más especulaciones”. En el caso de Rocío Abreu, comentó que como está alejada del Gobierno Estatal, seguro permanecerá en silencio, ya que abrir la boca le traerá más problemas de credibilidad, como ocurrió en su versión a la televisión nacional.
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