Por el delito de peculado, por un monto superior a los 600 mil pesos, fue vinculado a proceso el exdirector de Servicios Públicos del Ayuntamiento, en el periodo 2018-2021, Salvador P.Ch., acusado por la Fiscalía Anticorrupción del Estado de Campeche.
Dentro de las medidas cautelares en libertad que impuso la jueza de Control, Alejandra Flores Verastegui, resaltan el pago de una garantía de 100 mil pesos, firmar periódicamente el libro de procesados y no salir del país.
En la audiencia inicial celebrada en la Sala de Juicios Orales del Segundo Distrito Judicial, que terminó muy de noche el pasado viernes, el secretario general del Comité Municipal del Partido Revolucionario Institucional (PRI), fue asistido por un grupo de abogados privados que encabeza Fabricio Coba Jiménez.
De acuerdo con la carpeta judicial 41-23/2023, los hechos que se imputan tienen que ver con la presunta compra de uniformes, así como herramientas y equipo de protección personal, por un monto de 600 mil pesos, los cuales no fueron entregados al personal de la Comuna, según la revisión que hizo en su momento la Auditoría Superior del Estado.
En el desahogo de la audiencia inicial, Salvador “Chavo” P. se presentó con un amparo promovido ante el Juzgado Tercero de Distrito, donde el juez le concedió la suspensión definitiva, lo que le permitía no ser detenido previo a la audiencia inicial como imputado.
En medio del hermetismo que se guarda en torno a ese caso, trascendió que el juez de Control, vinculó a proceso a Salvador, dictándole medidas cautelares en libertad, tales como acudir de manera mensual a firmar el libro de procesados, pagar una garantía por 100 mil pesos y no poder salir de México durante el tiempo que dure el proceso.
Por su parte, la Fiscalía Anticorrupción, quien para estos asuntos envía a sus abogados desde Campeche, contará con un lapso de cuatro meses para engrosar la investigación.
En julio del 2019, el entonces presidente municipal, Óscar Rosas González y Salvador P. Ch., como director de Servicios Públicos, entregaron a los obreros de Servicios Públicos, uniformes y equipo de protección personal, por lo que se desconoce si el procedimiento en su contra, corresponde a esa fecha o los años subsecuentes.
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