Abre Tren puerta a ecocidio y etnocidio

SE HA TORCIDO LA LEY PARA SALTARSE PROHIBICIONES Y PROCEDIMIENTOS: TRIBUNAL

CIUDAD DE MÉXICO (El Universal).— Luego de escuchar a integrantes de comunidades mayas, organizaciones civiles y académicos, reunidos en el octavo foro del Tribunal Internacional de los Derechos de la Naturaleza, celebrado del nueve al 12 de marzo en Yucatán, el veredicto de dicha institución ciudadana fue que el megaproyecto Tren Maya “abre la puerta al ecocidio y al etnocidio” en el sureste mexicano, con graves consecuencias, algunas de ellas irreversibles.

Entre las cinco conclusiones del encuentro, se indicó que ha quedado acreditado que el Tren Maya “ha sido impulsado con toda la fuerza política, jurídica, económica y militar”, por parte del Gobierno de Andrés Manuel López Obrador.

Que “se ha torcido la ley para saltarse todas las prohibiciones y procedimientos que se deberían haber cubierto para este tipo de megaproyectos”; y que “se han creado decretos con los cuales se ha pasado por encima de normas internacionales y de la propia Constitución para justificar la rapidez y el avance con la cual se está construyendo este proyecto”.

El presupuesto de las obras se ha triplicado, el principal beneficiario del proyecto es el Ejército y las violaciones legales y a derechos humanos han sido solapadas —se subrayó— con la complicidad del Poder Judicial y Legislativo que, en conjunto “han mostrado un desprecio total hacia la naturaleza”, se concluyó después de escuchar del relleno de cenotes y cavernas subterráneas, del desplazamiento y muerte de flora y fauna, de la devastación de millones de árboles, de la violencia en aumento en comunidades indígenas y de la creciente militarización de la región.

Como parte del veredicto se exigió la reparación de los impactos ambientales provocados por los siete tramos del Tren; la desmilitarización inmediata del territorio, el freno a los procesos de despojo de tierras ejidales; se hizo un llamado urgente para garantizar la vida de todas las personas que cuestionan el proyecto y las obras conectadas a éste y se demandó la aplicación del Acuerdo de Escazú, signado por México.

FALLO DEL TRIBUNAL
Durante un promedio de ocho horas, juezas y jueces —el sacerdote Raúl Vera, de México; Yaku Pérez y Francesco Martone, de Ecuador; Maristella Svampa, de Argentina, y Alberto Saldamando, de EU— escucharon los testimonios de una decena de expertos y de indígenas que habitan comunidades mayas localizadas en entidades atravesadas por el “Tren militar” o del “mal llamado Tren Maya”, como se refirieron a la millonaria obra impuesta por López Obrador.
“Responsabilizamos al Estado de la violación de los DH, individuales y colectivos, los derechos de la naturaleza y bioculturales del pueblo maya que es el protector y guardián del territorio, de los cenotes, de la selva, de los seres sintientes no humanos que habitan el territorio, de la mano de un proyecto que es la suma de proyectos interconectados de gran escala con impactos multidimensionales”.