Campeche se encuentra en un escenario tétrico y tenebroso por el nulo crecimiento económico y el aumento de la pobreza, producto de un Gobierno de corrupción, latrocinio, tráfico de influencias e impunidad, encabezado por la gobernadora Layda Sansores San Román.
Lamentó lo anterior el activista político Álvaro Chiquini Cu, y afirmó que en la corruptela operada desde el Palacio de Gobierno están implicadas todas las dependencias, principalmente la Secretaría de Protección y Seguridad Ciudadana (SPSC), a cargo de la guanajuatense Marcela Muñoz Martínez.
“El presupuesto de Campeche por más de 23 mil millones de pesos se está tirando al caño de corrupción, Layda Sansores tiene a sus pies al Poder Judicial del Estado para servir de tapadera y cómplice a su Gobierno, y usa a jueces y magistrados para hostigar, perseguir, intimidar y acosar a sus críticos”.
Desde la Administración Portuario Integral (Apicam) hasta la SPSC, donde el crimen organizado opera en contubernio con la guanajuatense Marcela Muñoz Martínez, están salpicados por la corrupción. En todas las dependencias estatales, principalmente las que están bajo el mando de funcionarios foráneos, se practica el latrocinio.
Desde el cuarto piso del Palacio de Gobierno se trafica la ley, para que el Tribunal Superior de Justicia del Estado (TSJE) proteja a los funcionarios que saquean las arcas estatales.
No hay independencia de poderes, el Judicial y el Legislativo son sirvientes de Layda Sansores, uno con su justicia selectiva a favor de los corruptos y ladrones incrustados en las dependencias del Gobierno del Estado, y otro para modificar las leyes a capricho de la mandataria.
“En vez de usar la ley para frenar la explosiva inseguridad en el Estado, el Gobierno recrudece la cacería en contra de los ciudadanos que no están de acuerdo con él”.
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