Juicio al auditor por alterar cifras

DE 367 MDP REPORTADOS COMO DESVÍOS A LAYDA, LE “QUITÓ” 180

Denuncias penales y hasta juicio político en contra del auditor superior del Estado (Asecam), el veracruzano Javier Hernández Hernández, por alterar los informes de la Cuenta Pública 2021 del Gobierno del Estado, y encubrir los desvíos por más de 367 millones de pesos en los primeros tres meses de la administración de Layda Elena Sansores San Román, promovería el grupo parlamentario del partido Movimiento Ciudadano (MOCI), advirtieron los diputados Paul Arce Ontiveros y Mónica Fernández Montúfar.

Arce Ontiveros confirmó que los datos enviados a los legisladores son totalmente diferentes a los publicados en la página oficial del órgano auditor, ya que “le quitaron” 180 millones de pesos en irregularidades al Gobierno ‘sansorista’ y se los adjudicaron al exgobernador priísta y hoy embajador de México en República Dominicana, Carlos Miguel Aysa González, por lo que asentó que se trata de un documento falso, manipulado y alterado para cubrir los desfalcos de la mandataria.

Adelantó que el partido ‘naranja’ ya prepara las denuncias que interpondrá en los próximos días, y analiza presentar ante el Pleno del Congreso del Estado una petición de juicio político en contra del auditor, para fincarle responsabilidades por su mal desempeño al frente del organismo, pero asentó que tomarán acciones legales.

«¿Nos quieren engañar a los diputados o a los ciudadanos? ¿Son culpables los diputados de las comisiones dictaminadoras, el encargado del despacho de la Secretaría General del Congreso o el mismo auditor? Es evidente que, si en un informe le tiene observado 360 millones al Gobierno de Layda y en otro sólo 180, por supuesto que hay complicidad», arremetió.

Fernández Montúfar delató que el pasado 15 de marzo a las 5 de la tarde aproximadamente, como integrante de una de las comisiones dictaminadoras, recibió la Cuenta Pública 2021 del Gobierno del Estado y de los 13 Municipios, sobre la cual trabajaron y analizaron, detectando desvíos y mala ejecución de los recursos, y corrupción durante los primeros tres meses del Gobierno de Sansores San Román, pero la Asecam sustituyó en su página los informes.

En los informes que el auditor presenta, la deuda que originalmente correspondía a Layda Elena Sansores San Román se le sumó a Carlos Miguel Aysa González. A nosotros nos enviaron una Cuenta Pública que no coincide con lo que ellos exhiben en la página de la Asecam. Es una irregularidad grave, y la responsabilidad es del auditor, fustigó.

Coincidió en que podría fincársele responsabilidades a Hernández Hernández por la alteración de los informes, y señaló que los ciudadanos deben darse cuenta que existe una coalición en el Gobierno de Morena, que tiene cooptado todo el poder para hacer estas fechorías y anomalías, y lamentó que quien audita los recursos de Campeche no informe la verdad. Lo peor es que ni es campechano.

PIDEN CUENTAS

Diputados del grupo parlamentario del PRI se reunieron ayer con el auditor superior del Estado, Javier Hernández Hernández, a fin de recibir aclaraciones a los cuestionamientos por la votación sobre la Cuenta Pública 2021, y le hicieron señalamientos sobre hechos catalogados como irregulares y el mal uso de recursos públicos, especialmente atribuible a dependencias del Gobierno del Estado en la Administración de Layda Elena Sansores San Román.

Luego de que el pasado viernes se generara intenso debate por el manejo de recursos y las observaciones, las diputadas Adriana Ortiz Lanz, Laura Baqueiro Ramos y el coordinador parlamentario del PRI, Ricardo Medina Farfán, presentaron diversas inquietudes.

Se observó la aplicación de sanciones leves, cuando se trataba de responsabilidades atribuidas a la actual Administración, y se identificaron inconsistencias e incongruencias en el informe presentado por la Auditoría Superior del Estado, que ha generado amplia controversia ante la sustitución de documentos.

Hernández Hernández coincidió con muchas de los señalamientos que los diputados le hicieron, a lo que los legisladores del PRI indicaron darán seguimiento a los acuerdos para que la función de fiscalización de recursos sea apegada a la ley y se garantice a los campechanos transparencia y buena aplicación de cada peso.