Al condenar que la gobernadora Layda Elena Sansores San Román no sancione a sus funcionarios que otorgan contratos ilegales, como el dado por la Administración Portuaria Integral de Campeche (Apicam) a un funcionario de la 4T, diputados locales del partido Movimiento Ciudadano (MOCI) sentenciaron que el actual Gobierno Estatal morenista no sólo es corrupto, sino también cínico.
Paul Alfredo Arce Ontiveros, Jesús Humberto Aguilar Díaz y Mónica Fernández Montúfar, repudiaron que por la adjudicación directa, e ilegal, de un contrato por más de 23 millones de pesos a la empresa Guard & Clean, propiedad de Ricardo Castillo Domínguez, actual director de Pro Eventos Campeche, nadie haya sido sancionado a más de un año de hacerse público.
Y coincidieron en que los informes de la cuenta pública 2021 revelan que varias dependencias estatales hasta fraccionaron contratos para darlos directamente en los primeros 100 días de esta Administración, lo que exhibe la complicidad en el saqueo de recursos de las y los campechanos.
Arce Ontiveros recriminó que pese a las múltiples denuncias presentadas por los actos de corrupción en la Administración sansorista, no hay ningún avance, ya que el fiscal Anticorrupción a modo sólo hace lo que le conviene a la gobernadora.
“La ley es clara, dice los montos y el tipo de procesos que se deben hacer para adjudicar los contratos. Vamos a tomar cartas en el asunto, y daremos seguimiento a la denuncia contra Raúl Aarón Pozos Lanz, Armando Constantino Toledo Jamit y Rocío Adriana Abreu Artiñano, por recibir fajos de dinero en efectivo en Palacio de Gobierno”, advirtió.
Mientras que Aguilar Díaz consideró incongruente que el Movimiento Regeneración Nacional (Morena) y el Gobierno de Layda Sansores acusen a anteriores administraciones municipales de corrupción, desvío de recursos y enriquecimiento ilícito, cuando tienen las mismas observaciones hechas por la Auditoría Superior del Estado (Asecam).
“Ellos no tienen problema, todavía tienen tiempo para subsanarlo, no se robaron nada, no mienten ni traicionan al pueblo. Fraccionaron contratos para poderlos adjudicar de manera directa, son igual de corruptos, o peor que los anteriores”, atajó, y recordó que en los primeros 100 días de esta Administración desviaron tres millones 600 mil pesos diarios.
Y Fernández Montúfar opinó que el de Layda es un Gobierno corrupto que acusa a otros cuando tiene una cola grande que le pisen, y todos los campechanos lo saben, pues trata de manipular la información para vender cosas que no son ciertas, y ocultar sus múltiples anomalías, como dar por dedazo los contratos.
“No hay ninguna observación del periodo de Pozos Lanz en Educación, ninguna auditoría a la Secretaría de Protección y Seguridad Ciudadana, no se reporta ninguna anomalía en TRC y en Comunicación Social, que son dos de los entes que más dinero han recibido durante este Gobierno, y se atrevieron a falsear los informes de la cuenta pública. Son cínicos, porque hasta premian a los corruptos”.
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