No se debe cobrar en San Lorenzo: Romero

Hay que denunciar ante Profepa y FGR, aconseja

“Si alguien se siente víctima de abuso en algún cobro para entrar a su propiedad en San Lorenzo, tiene que denunciarlo ante la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) y la Fiscalía General del Estado (FGE) para que se pueda actuar”, aconsejó el delegado de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat), César Uriel Romero Herrera, y precisó que las playas son públicas, lo único privado son los predios cercanos.

Si bien la concesión es un trámite ante la Semarnat —explicó—, el cobro está en los Municipios, y si hay inconformidad de los propietarios tienen interponer denuncia ante las citadas dependencias, para que se dé en primera instancia un llamado de atención, y si hay reincidencia y falta de pago se puede llegar a la cancelación del permiso.

“Todas las playas en México y de la Zona Federal Marítimo Terrestre (Zofemat) son públicas y el acceso es libre, lo único que hay son zonas colindantes privadas que es por eso que no se puede pasar, pero si las personas caminan por toda la playa sin adentrarse a esos terrenos pueden hacerlo sin problema y no les deben cobrar”.

Abordado en el arranque de la campaña “Compartamos nuestra agua”, en que fueron colocados bebederos para animales silvestres, el funcionario federal llamó a los dueños de los predios ubicados en la playa San Lorenzo, a interponer denuncias para proceder a las investigaciones y evitar que continúe el cobro de cuotas excesivas.

Como se recordará, la familia Sansores impuso cuota de mil 200 pesos por vehículo a los propietarios de los predios de San Lorenzo, para que puedan pasar a sus casas. También, 80 pesos por trabajador, 50 por visitante y 15 por invitado a fiestas, lo que generó enojo y malestar entre los habitantes de esa zona.

La Ley General de Bienes Nacionales precisa que “el acceso a las playas marítimas y la Zona Federal Marítimo Terrestre contigua a ellas no podrá ser inhibido, restringido, obstaculizado ni condicionado”, y que quienes incurran en esos hechos podrían ser acreedores a sanciones de tres mil a 12 mil veces la Unidad de Medida y Actualización (UMA).