Las 12 empresas transportistas de la capital insistieron en solicitar a la gobernadora Layda Sansores San Román una audiencia para que le presenten su propuesta de modernización del servicio. Aseguran contar con capacidad para revertir las deficiencias de varios años.
La desatención de la gobernadora Layda Elena Sansores San Román, que ignoró a los concesionarios del transporte urbano de la ciudad, al término del Martes del jaguar y a la salida del sótano del Palacio de Gobierno, habla de que no quiere dialogar con nosotros”, lamentó Roger Calderón, presidente de la Cooperativa de Transporte “José María Morelos y Pavón”, y lamentó que se traicione a los campechanos al entregar este servicio al consorcio monopólico del Grupo ADO.
“A lo mejor —razonó—, la gobernadora tenía algún pendiente agendado, pero no era la manera no dar la cara, lo mejor quizá hubiera sido que dijera, no les puedo atender ahorita y lo hacemos otro día, pero no hacerlo provoca que uno especule muchas cosas”.
De la presencia de Íñigo Yáñez Avilés como enlace entre los transportistas y el Gobierno del Estado, pero quien defiende los intereses de ADO, precisó que “según, es un mediador, pero un intermediario debe de ser neutro y ese señor está inclinado para ese lado, el de Mobility ADO”.
No puede ser posible, cuando tienes ventaja y la instrucción de decir va esta línea o va aquella, porque se le olvida que nosotros ya tenemos tiempo en el negocio, que lo conocemos y que él viene de una empresa grande, un consorcio que no es regulado por el Gobierno.
Confirmó que la petición de que las concesiones en lugar de ser por cinco años lo sea por más de 10 o 15. Eso ha estado en la mesa de diálogo desde 2014, la administración anterior, y no lo permiten porque te quieren tener controlado, manipulado de cierta forma.
Y eso —puntualizó—, nos limita a no poder tener acceso a los créditos, además de un aumento real en las tarifas por más de nueve años. Por eso el transporte tiene nombre y apellido, porque son concesiones de sexenio.
Confirmó que el proyecto Movibús se podría abrir a la inversión privada hasta en cinco o 10 por ciento de las acciones, aunque la Ley de Movilidad señala que los tres órdenes de gobierno deben participar. Si presentas un proyecto, dicen que te cueste, pero vemos que si lo hace Mobility ADO a ellos sí le tienden la alfombra roja y eso no debe ser.
No descartamos inversión privada foránea, pero podemos hacerlo nosotros vía créditos con las instituciones financieras que nos están queriendo patrocinar, pero necesitamos una concesión a 15 años para garantizar el pago de esos empréstitos, sentenció. Confirmó que en definitiva no habrá sociedad entre Movibús y Mobility ADO. No hay sociedad, porque creemos que no es bueno y nosotros podemos ir solos, reiteró.
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