Por desacato caería la gobernadora LSS

Ante violación a la Ley de Amparo, la SCJN ordenaría inhabilitarla o destituirla

Al revelar que se ha integrado una carpeta de investigación en la Fiscalía General de la República en contra de la gobernadora Layda Elena Sansores San Román, por su constante desacato a resolutivos judiciales, el abogado constitucionalista Sixto Duarte advirtió que podría enfrentar sanciones “muy, muy graves”, que irían desde la inhabilitación a eventual destitución del cargo.

En entrevista para un noticiero, el también abogado del dirigente nacional del PRI, Alejandro Moreno Cárdenas recordó que el juicio de amparo sirve para defender los derechos humanos de los gobernados frente a los actos de autoridad, que pudieran ser arbitrarios, “y en esta situación, todos sabemos que la gobernadora Layda Sansores intervino telecomunicaciones privadas, editó su contenido y las difunde desde un canal oficial”.

Ante esto, que es una completa arbitrariedad, Moreno Cárdenas promueve amparo desde junio del año pasado, en que se le otorgó la suspensión, que es la medida cautelar dentro del juicio para paralizar los actos de autoridad. El juez federal estimó que lo que la gobernadora llevaba a cabo es un acto de autoridad —por su papel de gobernadora—, desde las redes sociales del Gobierno y utilizando su sistema de comunicación, por lo que concede la suspensión, que la gobernadora no acata.

Se presentan los medios que contempla la Ley de Amparo para obligarla a acatar, se abren los respectivos incidentes, y el juez de Distrito reconoce que violó las medidas cautelares dictadas en sentencia definitiva y firme. Se prueba que sí violó la suspensión de no divulgar esas informaciones, que ya sabemos que son editadas.

El 31 de marzo pasado se emite la sentencia de fondo dentro del juicio de amparo respectivo, donde se obliga a la gobernadora que se abstenga de difundir información relacionada con el caso, y sin embargo continúa. ¿Qué sigue? El camino legal es abrir los incidentes y denunciar esta cuestión, pues ya existe una carpeta de investigación en la FGR, porque es delito no cumplir los resolutivos dictados en un juicio de amparo.

Este tipo de actitudes, añadió el abogado constitucionalista, es un riesgo no sólo para las partes involucradas en el juicio, sino para toda la sociedad campechana, que una autoridad tenga un precedente de no acatar las resoluciones judiciales. Existe la división de poderes, que se debe entender y cumplir, nos guste o no, porque finalmente la ley es la ley, y hay que cumplirla, afirmó.

Parece que la gobernadora estima que las resoluciones de un juez son sólo sugerencias, por lo que hemos actuado en consecuencia y abierto los incidentes y presentado denuncias. Por eso está a punto de enfrentar sanciones muy, muy graves, que podría ser tanto una inhabilitación o una eventual destitución del cargo.

Está jugando con fuego, en un afán revanchista, para desahogar seguramente algunas de sus fobias. Hay casos que se han llevado a la Suprema Corte de Justicia de la Nación donde ha habido alcaldes, concejales, regidores, diputados y diversas autoridades destituidas por no acatar resoluciones.

Es un delito que una gobernadora, quien prometió cumplir la ley, sea la primera en violarla, y que deje en estado de indefensión a no nada más a los involucrados, sino a toda la sociedad, insistió Duarte, y reiteró que estamos ante un caso gravísimo, y la gobernadora lo sabe a lo que se está enfrentando, porque ha manifestado a medios de comunicación que la Corte la va destituir.

Rechazó que al prohibirle la difusión de esos audios se estén violando sus derechos. Los derechos humanos son para los gobernados, sean personas físicas o morales. Las autoridades de manera concreta no tienen derechos humanos, tienen facultades y obligaciones, y si bien la gobernadora puede tener en su ámbito privado libertad de expresión, no puede afectar el derecho de otros.

Alega que es su obligación informar y el derecho de la ciudadanía a ser informada, aunque esta cuestión está acotada por la Corte, que ha dicho que la información tiene que ser veraz, objetiva, de interés público y demás. Pero aquí la realidad es que no se puede dar la característica de veracidad a una información que de entrada fue obtenida ilegalmente, y luego editada.

Las conversaciones fueron sacadas de contexto y manipuladas para conseguir un objetivo, de manera que la información que difunde no cumple los parámetros que dispone la misma ley, ya se lo señaló el juez de Distrito. El derecho de la ciudadanía a estar informado no incluye la calumnia. Ella está fuera del marco legal, y así lo ha sostenido un juez, insistió.