Reservaba información de obras prioritarias
CIUDAD DE MÉXICO (El Universal).— Porque estaba encaminado a la reserva de información y afectaba las atribuciones del INAI, la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) invalidó el decreto del presidente Andrés Manuel López Obrador que clasificó como de “interés público” y “seguridad nacional” obras prioritarias como el Tren Maya, el aeropuerto Felipe Ángeles y la refinería de Dos Bocas.
Los efectos de la decisión del pleno del máximo tribunal se conocerán en la sesión del próximo lunes, en la que se dará por concluido el análisis de la impugnación del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI) contra el acuerdo, misma que fue declarada fundada por el pleno.
Una mayoría calificada de ocho ministros, con el voto en contra de Arturo Zaldívar, Yasmín Esquivel y Loretta Ortiz, determinó que el artículo primero del llamado decretazo, en el que se declaraba de “interés público” y “seguridad nacional” la realización de proyectos y obras a cargo del Gobierno Federal sobre infraestructura en diversos sectores, permitía que toda la información relativa pudiera ser considerada como reservada por su “amplitud” y “ambigüedad”.
En él se declaraba de “interés público y seguridad nacional la realización de proyectos y obras a cargo del Gobierno de México asociados a infraestructura de los sectores comunicaciones, telecomunicaciones, aduanero, fronterizo, hidráulico, hídrico, medio ambiente, turístico, salud, vías férreas, ferrocarriles en todas sus modalidades, energético, puertos, aeropuertos y aquellos que, por su objeto, características, naturaleza, complejidad y magnitud se consideren prioritarios y/o estratégicos para el desarrollo nacional”.
Los artículos segundo y tercero del acuerdo presidencial impugnado, que ordenaban a las dependencias otorgar permisos provisionales en un lapso de cinco días hábiles y con vigencia de un año para iniciar los proyectos señalados, también fueron anulados por una mayoría de seis ministros contra cinco, que establecieron que dichas normas creaban un régimen de autorizaciones adicional y afectaba las obligaciones de transparencia de las autoridades.
Al presentar la propuesta de invalidez del decreto presidencial publicado en noviembre de 2021 en el Diario Oficial de la Federación, el ministro Juan Luis González Alcántara Carrancá afirmó que la norma dio un margen demasiado amplio a las autoridades para reservar información, lo que generó un efecto inhibidor en los ciudadanos para solicitar información y presentar impugnaciones ante el INAI relacionadas con las obras prioritarias del Gobierno de López Obrador.
En contraste, el ministro Arturo Zaldívar aseguró que el decreto de ninguna manera afectaba el derecho de acceso a la información pública y tampoco interfería en las atribuciones del INAI, organismo que no ha podido sesionar por la falta de comisionados que no han sido nombrados por el Senado.
…Y responde Presidente con otro decreto
CIUDAD DE MÉXICO (El Universal).— Luego de que la SCJN invalidó el decreto de noviembre de 2021 del presidente Andrés Manuel López Obrador en el que clasifica sus obras prioritarias como de seguridad nacional, el Ejecutivo Federal emitió un nuevo decreto en el que clasifica al Tren Maya, el Tren Interoceánico y las obras de los aeropuertos de Palenque, Chiapas, y los de Chetumal y Tulum, en Quintana Roo, como de seguridad nacional e interés público.
Ayer, la Corte declaró inconstitucional el decreto del Presidente mediante el cual clasificó los proyectos y obras prioritarias de su Gobierno como de “seguridad nacional”.
Por lo que el Ejecutivo emitió un nuevo decreto en el cual acota su alcance para la construcción, funcionamiento, mantenimiento, operación, infraestructura, espacios, bienes de interés público, ejecución y administración de la infraestructura de transportes, de servicios y polos de desarrollo para el bienestar, y el equipo tanto del Tren Maya como del Corredor Interoceánico del Istmo de Tehuantepec, así como los aeropuertos de Palenque, Chiapas, y de Chetumal y Tulum, Quintana Roo, que “son de seguridad nacional y de interés público”, señala el documento publicado en el Diario Oficial de la Federación.
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