Ser mujer y ser sancionada: Por violencia contra la mujer

Caty Monreal

La sentencia contra la gobernadora Layda Sansores por violencia política contra las mujeres en razón de género es un acto poderoso y simbólico. No creo que sea consecuencia de esa frase que le gusta repetir a muchos machos y mujeres sin sororidad de que la mujer es la peor enemiga de otra mujer. Es un reconocimiento histórico: sí, las mujeres pueden ser violentadoras de otras mujeres.
Hay que deconstruir el patriarcado, decirlo claro y fuerte: cuerpo de mujer no es consciencia de mujeres. Tanto mujeres como hombres se forman en estos sistemas de discriminación y por lo tanto son cómplices de la violencia de género. Es por esto que invertimos tiempo y dinero en acciones de concientización sobre la violencia de género.
La sentencia que la Sala Regional Especializada del Tribunal Electoral emitió el 30 de mayo no sólo contra la gobernadora, sino contra otros 25 sujetos que replicaron los mensajes de ésta, muestra cómo vamos avanzando en nuestra comprensión de qué significa la violencia de género contra las mujeres en el marco político. Castiga las expresiones violentas y misóginas que Sansores lanzó contra un grupo de diputadas priístas por presuntas imágenes íntimas, en su programa ‘Martes del Jaguar’ en medio de su disputa con el dirigente nacional del PRI, Alejandro Moreno.
El caso revela importantes aristas que sientan varios precedentes. Primero: que la gobernadora Sansores cometió esta agresión “bajo la excusa” de que quería defender a estas mujeres de Alito Moreno. Hay que cuidarse de que al querer defender a las mujeres se termine por violentarlas o revictimizarlas, esto porque argumentó la existencia de imágenes sexuales de diputadas y otras funcionarias priístas e insinuó que era una de las razones por las que estas mujeres habían llegado al cargo. Este tipo de afirmaciones menosprecia las habilidades de las mujeres y refuerza el estereotipo nocivo de que las mujeres llegan a donde llegan por sus cuerpos. Este fue el argumento que dio la Corte para pedir reparaciones por parte de la gobernadora.
Por otra parte, el hecho de que sancione a otros actores también es relevante. Estos fueron medios de comunicación que replicaron estos mensajes. En su caso, argumentaban que no eran culpables de violencia de género porque sólo estaban “informando”. No obstante, la normativa es clara en que también para informar sobre estos sucesos se deben de seguir lineamientos para no dobletear la violencia. Igualmente, se han hecho muchos esfuerzos con medios de comunicación y gobierno para redactar sin estereotipos y violencia.
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Es un precedente importante porque estas condenas se dan en el marco de la aprobación de la Ley 3 de 3. El feminismo hizo una importante labor para lograr que la 3 de 3 contra la violencia fuera aprobada en tiempo y forma por el Congreso federal y los congresos locales para que sus requerimientos pudieran operar en las elecciones de 2024.
Entró en vigor el 29 de mayo, un día antes de la sanción de la gobernadora. La ley establece que ninguna persona que sea condenada por agresión contra las mujeres, sea deudora alimenticia o haya ejercido violencia doméstica, puede tener un cargo de elección popular. El objetivo es crear una mejor política y un estándar ético para las personas que ocupen un cargo público.
La inscripción de la gobernadora Sansores en el Registro de Violencia Político de Género por lo tanto la imposibilitaría —en caso de que no logre la impugnación en la Sala Superior— de buscar un cargo público en 2024. Independientemente de que este asunto está aún por resolverse, el caso nos muestra que vamos avanzando en entender cómo se construye la violencia contra las mujeres, y que, en efecto, las mujeres pueden ser agresoras de otras mujeres.