No hay oportunidades de empleo en el Estado y tampoco el Gobierno de Layda Elena Sansores San Román se ha preocupado por generarlas, acusaron diputados locales del partido Movimiento Ciudadano (MOCI), al lamentar que el alto índice de desempleo es el causante de la inseguridad, y de que muchos campechanos se vayan a otras entidades o países.
Por separado, el coordinador parlamentario mocista en el Congreso, diputado Paul Arce Ontiveros, condenó que a casi dos años de la llegada del partido Morena al Gobierno Estatal no existen inversiones y por ende fuentes de empleo, lo que evidencia el desinterés de esta Administración ‘sansorista’ por mejorar la calidad de vida de los ciudadanos.
Lamentó que mucha gente se ha estado yendo del Estado o se ve obligada a ocuparse en la informalidad, ante las nulas oportunidades en su tierra, y alertó que ‘ese es el peor problema’, ya que la gente que se queda comienza a delinquir para poder llevar el sustento a sus hogares.
Si hubiera trabajo, habría menos inseguridad, la gente robara menos, tuviera para poder solventar los gastos de la casa, etcétera, pero al final se ve reflejado en delincuencia. A lo mejor la gente pudiese pagar servicios de salud particular si tuviese empleo, pero tenemos carencias de todo tipo, recriminó.
Ejemplificó el caso de Ciudad del Carmen, hacia donde muchos campechanos de la capital y de otros Municipios emigraban, porque había empleos y bien remunerados, pero esa condición ha dejado de existir, y el Gobierno de Morena no está viendo por la solución de esa problemática. Nos preocupa que no se haga nada, indicó.
El también legislador mocista Jesús Aguilar Díaz reconoció que el desempleo y la informalidad no es una problemática nueva, ya tiene tiempo, pero se ha recrudecido desde la llegada de Morena al Gobierno Estatal, toda vez que no se preocupa por atraer inversiones, que propicien la creación de empleos. Por eso muchos campechanos se ven orillados a tomar trabajos informales y muchas veces mal pagados.
Consideró preocupante los datos del Instituto Mexicano de la Competitividad (IMCO), que señalan que al 62 por ciento de los trabajadores no se les garantizan las prestaciones laborales, y más de la mitad carece de contrato por escrito, ya que exhibe que no hay apoyo a las empresas del país y el Estado para que garanticen condiciones dignas de trabajo.
Es una lucha muy grande que se tiene que hacer poco a poco, para que tanto patrones como trabajadores puedan trabajar en la formalidad, subrayó. También el Gobierno tiene que crear mejores condiciones para que puedan desarrollarse los que emprenden en la iniciativa privada, para poder darle mejores condiciones a los trabajadores.
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