Opaco, el Gobierno de Layda Sansores

Descuidadas, desactualizadas o “en construcción” están las páginas de transparencia

Con páginas descuidadas, sin actualización o “en construcción”, cual largas salas de exposición de museos cuyas reliquias, además de empolvadas, comienzan a oxidarse, permanecen los espacios informativos de las páginas de transparencia de la entidad.

Tanto la Comisión de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Campeche (Cotaipec), como la Unidad Municipal de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Municipio de Carmen (Umaip), exhiben escaso interés por la actualización de sus sistemas.

La Plataforma Nacional de Transparencia (PNT) registra en Campeche 69 mil 036 solicitudes de información y 241 quejas por respuestas. Aun así, no hay estadísticas fehacientes, porque se vinculan en la búsqueda con solicitudes de información comparativa, cuando un usuario pide datos de dos o más Estados.

Tal circunstancia redunda en opacidad de la actual Administración. A más de un año de ejercicio no se activan ni actualizan las páginas de transparencia. Caso ejemplar es que a pesar de estar dentro de las obligaciones de los sujetos obligados, la Secretaria de Finanzas del Estado de Campeche (Safin), al cierre de mayo 2023, no tiene vigente la información relativa a todos los rubros obligados.

Derivado de lo anterior, los campechanos se encuentran imposibilitados para determinar si hay avances eco- nómico-financieros en la Administración Estatal desde la toma de protesta de Layda Elena Sansores San Román, pues en las páginas el último reporte data del cierre de año de la gestión del exgobernador Carlos Miguel Aysa González.

¿Qué dice la Ley General de Transparencia?

Tramitología burocrática y excesos de requisitos lleva a reducir peticiones

Albergado dentro de la página de la Cotaipec, el artículo 74 de la Ley General de Transparencia determina:

“ARTÍCULO 74.— Los sujetos obligados deberán mantener actualizada, por lo menos cada tres meses, la información para el cumplimiento de sus obligaciones en materia de transparencia, salvo que la Ley General, la presente Ley y otras disposiciones normativas establezcan un plazo diverso.

La publicación de la información deberá indicar el sujeto obligado encargado de generarla, así como la fecha de su última actualización.

“Los sujetos obligados deberán poner a disposición del público y mantener actualizada en los respectivos medios electrónicos, de acuerdo con sus facultades, atribuciones, funciones u objeto social, según corresponda, la información, por lo menos, de los temas, documentos y políticas (…)”.

Las propias dependencias o sujetos obligados violan la ley y mantienen en opacidad el actuar de la Administración Pública Estatal. En el caso de la Safin, aunque aparece el apartado Estados Financieros. 1er. Trimestre 2023 en formato .rar, el recurso técnico es inservible, pues, aparece el recuadro de error al intentar abrir la información, (“el archivo tiene un formato desconocido o está dañado”) al parecer, al secretario de Administración y Finanzas, Jezrael Isaac Larra- cilla Pérez, y a su equipo, cumplir con las leyes en materia de transparencia es intrascendente.

CONSECUENCIAS: FALTA DE INTERÉS

De acuerdo a la PNT, en los últimos cinco años el número de solicitudes de información al Gobierno Estatal se mantuvo en niveles promediados de 150 anuales, sobresaliendo en 2021, el último de las administraciones del Partido Revolucionario Institucional (PRI), cuando se llegó a 246. En contraste, en 2022 el primero de Morena en el Gobierno cayó a 137.

Ese año fue el más bajo del reporte quinquenal, al promediar 11.4 solicitudes mensuales, en contraste a las 20.5 en 2021. Entre 2020 y 2018 las variaciones mostraron un marcado índice a la baja, como parte de la falta de interés de la ciudadanía por conocer el desarrollo de los trabajos de la Administración campechana.

Para el caso del Municipio de Carmen las cosas no son mejores. De 38 solicitudes de información en 2021, último ejercicio de administraciones priístas, tropezó para caer a 21 en el primero morenista, cifra aún por debajo de lo registrado en 2020, que llegó a 24.

Tal es el impacto de la tramitología o procedimental de solicitud de información a los entes obligados, pues se debe pasar de las instancias municipales de transparencia a las oficinas de enlace de la administración, y si no esta bien formulada la petición, se le regresa al solicitante, y se debe reformular, pero ya con énfasis a que caiga en el órgano estatal. Y si por alguna razón no pasa, se regresa al peticionario, pero esta vez con la encomienda de lanzarlo al órgano federal.

Los escollos para información específica impiden que la ciudadanía conozca en qué se gastan los recursos públicos obtenidos por el Estado de los contribuyentes. Caso específico es la frustrada intentona que varios medios locales y nacionales han solicitado sobre los costos reales de producción del programa “Martes del Jaguar”.

Si bien se dio información, fue parcial, y no englobó todos los conceptos que implican producir un programa televisivo en vivo, pues aunque sea difundido en redes sociales, requiere de un equipo de preproducción y postproducción, guionistas, investigadores, músicos, cámaras, switcheo, jefe de piso, iluminación y aire acondicionado (costos de luz), logística de acceso a invitados y asistentes, así como salarios y remuneraciones. Y sólo son algunos aspectos.

De ese caudal de información requerida, la oficina de transparencia Sistema de Televisión y Radio de Campeche, dependencia que opera el programa, englobó en un aspecto todos los costos, aduciendo que como se transmite en redes sociales, son bajos, pero, ¿y los pagos por producción?

Sin embargo, se niegan a transparentar el nombre de los proveedores para la realización del programa, salarios, invitados, viáticos y montos de difusión del programa.

De esa forma se vulneran los principios básicos que regulan el ejercicio y la garantía del derecho de acceso a la información, como la máxima publicidad, difusión proactiva de información de interés público, promoción de la cultura de la transparencia y fortalecimiento de la rendición de cuentas, con lo que se pretendía la participación ciudadana y distribuir las competencias entre organismos garantes.

Empero con la cerrazón del Gobierno Estatal por abrir la información de interés general, la reforma constitucional en materia de transparencia de 2014 y la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública del 5 de mayo de 2015, quedaron como letra muerta en el Gobierno morenista de Campeche.